López Sors, Mangouras y el jefe de máquinas, absueltos

El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 ha absuelto de los principales delitos a los tres acusados en este proceso y ha eximido al Gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban.

El magistrado Juan Luis Pía ha iniciado cinco minutos después de las once de esta mañana la lectura, en gallego, de la sentencia ante decenas de periodistas concentrados en la sala primera del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña, un veredicto que marca el punto y final de un prolongado camino judicial sobre la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España.

La sentencia establece que no existe responsabilidad penal por lo que ha exculpado de los destrozos de la marea negra a los tres acusados de haber causado esa tragedia, uno de ellos el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, aunque sí ha condenado al capitán del buque, Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

El propio Mangouras reconoció durante la vista oral que lo primero que hizo fue poner en contacto con su armador -"como habría hecho cualquier marino"- antes de tomar cualquier decisión, aunque recalcó que una vez que se comprobó que el petrolero no podría ser rescatado su colaboración fue total.

Asimismo, ha sido absuelto el exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors, acusado del rumbo "errático" que siguió el petrolero durante seis días antes de hundirse, al considerar que no provocó el desastre sino que trató de solucionarlo y evitar daños materiales y humanos, y añadir que casi todos los expertos coinciden en que la decisión inicial de alejamiento del buque fue correcta.

"Nadie puede señalar lo que se debería haber hecho" para evitar la catástrofe y "no hay acuerdo aún hoy sobre lo que se debería hacer si se repitiese la situación", ha apostillado el presidente del tribunal de la Audiencia de A Coruña, quien ha recalcado que los informes técnicos son "contradictorios".

Tras indicar que el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen "nadie puede precisar", Pía ha señalado que la administración española "no provocó sino que gestionó con profesionalidad y adecuación" el siniestro.

Según el fallo, se realizaron inspecciones y reparaciones y la entidad ABS certificó la habilidad del buque para navegar con normalidad, pero pese a eso el fallo estructural no tuvo ningún otro origen que las deficiencias de mantenimiento y control de la conservación del buque.

Dichas deficiencias, continúa, no respondían a vicios que pudieran observarse directamente, sino que dependían de análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad, eficacia y prudencia.

Así, y dado que "no se demostró que los acusados quisieran hundir el buque, ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas", los tripulantes del Prestige no actuaron dolosamente y su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave.


El fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz reconoció que ''no se puede decir que se esté haciendo Justicia'', ya que un juicio de once años es un ''tiempo demasiado dilatado para dar respuesta a ningún acontecimiento de naturaleza penal''

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra (A Coruña), el Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado y que operaba bajo la bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.

La Fiscalía solicitaba una indemnización de 4.328 millones de euros por estos daños, pero la sentencia exime al Gobierno español de sufragarlos después de López Sors haya sido absuelto.

En este sentido, considera acreditado el delito de desobediencia del capitán pero añade que "de este no se deriva o con éste no se causaron los daños y perjuicios derivados del vertido del Prestige, con independencia de la en buena parte cumplida acreditación de ingentes daños y perjuicios".

Así las cosas, es probable que el Estado español tenga que emprender otro proceso judicial para cobrar los daños causados por la catástrofe al no ser condenados los dos marinos máximos responsables del barco, pues ni la aseguradora London P&I Club ni la armadora Mare Shippingson son responsables subsidiarias.

La armadora del barco depositó en el juzgado de Corcubión una fianza de 22 millones de euros, el límite máximo establecido por la legislación entonces.

Y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del Prestige hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.

Este suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.

La plataforma "Nunca Máis" ha calificado de "injusta" y "lamentable" la sentencia por la marea del Prestige al entender que se trata de un fallo "político" "al dictado de los intereses del PP", por lo que estudiará recurrirla.

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que "es prontísimo para hacer cualquier valoración" sobre la sentencia y ha pedido tiempo para leer el fallo.

Por su parte, los abogados de Manguoras y López Sors, José María Ruiz Soroa y Consuelo Castro, respectivamente, han valorado la sentencia, que consideran "bien fundamentada" y "razonable".

En el plano político, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su respeto por la sentencia del 'Prestige' y no ha querido entrar en más detalles hasta analizarla con mayor profundidad, si bien destacó que la organización del procedimiento ha dado buena imagen de la justicia en Galicia.

Los partidos de la oposición en el Congreso han lamentado que más de una década después nadie haya asumido responsabilidades políticas por el desastre del 'Prestige', tras conocerse la sentencia que exculpa a los tres acusados, entre ellos el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors.

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