Dos altos cargos de Sanidad han declarado este jueves en calidad de investigados ante el juzgado de instrucción número tres de Santiago para responder de la supuesta comisión de prevaricación administrativa por presuntamente demorar y denegar costosos fármacos a enfermos de hepatitis C y el presidente de la Xunta ha desligado la investigación de "políticas económicas".
El otrora director general de Asistencia Sanitaria del Sergas y ahora gerente del área de Vigo, Félix Rubial, y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González Criado-Mateo, habían sido citados para las diez de la mañana, pero llegaron casi una hora antes al juzgado, acompañados por un abogado de la Xunta, y no hicieron declaraciones a los medios de comunicación ni a la entrada ni a la salida.
Fue la de este jueves una jornada que, según ha explicado el portavoz de la plataforma de afectados de hepatitis C de Galicia, Quique Costas, ha confiado en que "sirva para empezar a aclarar cómo se gestionaron las cosas" y "conocer la verdad".
Costas ha explicado que desde la plataforma afrontan "este momento procesal con la lógica expectativa" de saber "qué quieren decir" los altos cargos acusados y "cómo fue la gestión que llevó a estos hechos" para "empezar a conocer la verdad".
Sin embargo, el letrado de la Xunta, Manuel Pillado, que ha asistido a los dos altos cargos del Sergas que declaraban en calidad de investigados debido a la supuesta comisión de prevaricación administrativa, ha considerado que "hoy se ha acreditado el total, correcto, pleno y dirigente funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C".
Para el abogado las declaraciones han sido fundamentales puesto que acreditaron el correcto funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C y "de los profesionales sanitarios que declaraban".
Ha asegurado así que en esta jornada "se han aclarado los protocolos de funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C" y que, además, "se ha aportado documentación al juzgado con pleno ánimo de colaboración con la administración de justicia".
Una actuación sanitaria que también ha sido defendida por el presidente del Ejecutivo de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, al asegurar que "relacionar políticas económicas" de su gobierno con un supuesto retraso en la dispensación de "tratamientos contra la hepatitis C es una inmoralidad".
"Reitero lo dicho y me siento satisfecho con lo que hizo el Sergas y de invertir en dos años 130 millones de euros", ha zanjado el mandatario después de que este tema haya centrado el pleno del Parlamento de esta semana, en el que el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, compareciese a petición propia y Feijóo respondiese al respecto en la sesión de control.
Núñez Feijóo respondió a las críticas de los grupos de la oposición -PSdeG, BNG y AGE- tras la denuncia de la Fiscalía y el auto de un juez de Santiago, ante la que los portavoces de los tres grupos de la oposición coincidieron en demandar explicaciones al presidente gallego por un auto de la Fiscalía que llega a hablar de presunto homicidio imprudente de estos cargos de Sanidad, que han declarado hoy en la capital gallega como investigados, si bien por un presunto delito de prevaricación y no de homicidio imprudente.
Por su parte, también a la salida de los juzgados compostelanos, el abogado Arximiro Soliño, que representa a la plataforma de afectados de hepatitis C de Galicia, la cual ejerce la acusación popular en la investigación, ha advertido de que las declaraciones de ambos "dejaron muchas lagunas".
De este modo, ha reiterado que los dos cargos "están muy bien agarrados" pero, a su juicio, hay "algunas contradicciones y algunas lagunas" que habrá que valorar.
Asimismo, Soliño ha avanzado que los representantes de la Xunta han aportado "mucho material" que habrá que analizar, puesto que por el momento "indudablemente" sacar conclusiones "sería precipitado".
Por su parte, la representante del Ministerio Fiscal en el caso, Pilar Fernández, ha explicado que a la Fiscalía le "hubiera gustado investigar antes" la supuesta prevaricación administrativa, pero que no tuvieron "conocimiento de ello" hasta que llegó la denuncia impulsada por el colectivo Batas Blancas.
Fernández ha incidido así en que la investigación que se está llevando a cabo "se basa en los documentos remitidos, tanto del Sergas como de los documentos realizados por la policía judicial".
La fiscal ha subrayado, de este modo, que la finalidad exclusiva de dicha investigación es constatar la "legalidad de los procedimientos" con el máximo "respeto a los servicios públicos de salud".
En esta línea, Fernández ha evidenciado también el "máximo respeto a los pacientes y a sus familias" porque entiende que esta investigación "es volver a rememorar un tema difícil de asimilar".
No obstante, preguntada por si se ha sentido presionada, directa o indirectamente, por las declaraciones de los dos altos cargos sanitarios que esta mañana declaraban en calidad de investigados, o por las declaraciones políticas que han centrado la actualidad gallega durante esta semana, Pilar Fernández lo ha negado de forma contundente, "en absoluto", ha contestado.
