Los ediles críticos de Ourense protagonizan un nuevo gesto de rebeldía

Los cinco ediles críticos del PSdeG-PSOE de Ourense han retrasado este viernes su aparición en el pleno local y la ausencia ha coincidido con la lectura de las resoluciones por las que se deja sin competencias a uno de ellos, Antonio Rodríguez Penín.

La sesión plenaria comenzó pasadas las 9:00 horas con la puesta en conocimiento de dos decretos relativos a la retirada de competencias del concejal Antonio Rodríguez Penín y el nombramiento de nuevas delegaciones para la concejala de Urbanismo, Áurea Elena Soto, presidenta de la junta de área de servicios sociales, contratación y personal.

Estos dos puntos se celebraron ante la ausencia de los cinco concejales, que se incorporaron a la sesión minutos después, uno por uno.

En primer lugar, entraron los ediles Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá, y posteriormente Susana Bayo, María Devesa, y Penín. Lo hicieron por diferentes puertas.

La tensión fue evidente en el inicio del debate, como ya ocurrió en la celebración de los dos plenos extraordinarios y el pleno ordinario de diciembre, cuando se escenificó la discrepancia en las filas socialistas.

Antes de la entrada de los ediles, el portavoz del PP, Rosendo Fernández, pidió "un receso" de cinco minutos, extremo que fue rechazado por el alcalde municipal.

En la sesión, la concejala de Turismo, vinculada con el sector crítico, Mónica Vázquez, reclamó la retirada de una adhesión del Ayuntamiento de Ourense a la asociación española de destinos para la promoción del turismo gastronómico Saborea España, por supuestas irregularidades, al contar con un presupuesto de 2013 en vez de 2014.

Posteriormente, la polémica municipal llegó con el debate de la primera moción nacionalista, grupo que pidió elecciones anticipadas ante la "insostenible situación" municipal, punto que no salió adelante.

El concejal de Economía José Ángel Vázquez Barquero criticó la "visión apocalíptica" del BNG.

El portavoz del PP, Rosendo Fernández, quien presentó una enmienda de modificación para pedir un gobierno de concentración, que fue rechazada, calificó de "esperpento" la petición del BNG aunque advirtió al regidor que si no es capaz de "poner de acuerdo a cinco concejales" ni de pagar "4.050 euros" que adeuda a tres becarios, "no puede gobernar" un ayuntamiento de 110.000 habitantes.

El alcalde ourensano, Agustín Fernández, quien calificó la moción como una "pérdida de tiempo", "irrealizable" e "imposible", advirtió de que no es posible la convocatoria de elecciones por el hecho de retirar competencias a un concejal, un hecho, que según dijo, puede evidenciar "un problema de disciplina" de partido pero que no es motivo, dijo, de elecciones anticipadas.

Durante la sesión, Fernández llamó al orden al portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, por sus críticas hacia los cargos políticos actualmente imputados, y le recordó que él también lo estuvo, motivo por el que advirtió de que en caso de que se archive la causa, "tenga la dignidad de irse de esta vida municipal".

En esta línea, el regidor ourensano alertó a los grupos de la oposición de que "si este ayuntamiento hay que disolverlo seguramente habría que disolver muchos otros".

"Todo por retirar competencias a un concejal" que, según recordó, ha ocurrido en otros organismos municipales.

La sesión plenaria dejó un punto aprobado por unanimidad, una moción del PP para que se convoque un equipo de trabajo para elaborar un código de buenas prácticas medioambientales.

Fuentes populares indicaron, además, que, al igual que sucedió en el pleno en el que abandonaron temporalmente cinco ediles la sesión municipal, no funcionó la emisión en directo, al inicio del pleno.

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