Partidos políticos y asociaciones de corte nacionalista han arremetido con fuerza contra la sentencia que condena a penas de entre 10 y 18 años de cárcel a cuatro integrantes de Resistencia Galega, mientras que la Xunta la aplaude y recalca que deja claro que se trata de delitos de terrorismo.
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 10 y 18 años de cárcel a cuatro integrantes de Resistencia Galega por los delitos de integración en banda terrorista, tenencia de explosivos y falsificación, en la que supone la primera sentencia a miembros de este grupo por pertenecer a un grupo terrorista.
Los condenados son Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez, que tendrán que cumplir 18 años de prisión, y Antón Santos y María Osorio López, sobre los que han recaído 10 años de cárcel al no considerarles la Sección Tercera de la Audiencia responsables del delito de tenencia de explosivos.
Durante el juicio celebrado el 24 de junio ante el tribunal presidido por Alfonso Guevara, todos los ahora sentenciados negaron pertenecer a Resistencia Galega.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado hoy en A Coruña que la sentencia deja claro que los hechos enjuiciados eran constitutivos de un delito de terrorismo.
Además, ha subrayado que "resultan difíciles de entender ciertas declaraciones cuando menos ambiguas por no decir directamente tolerantes con actitudes que incurren en el delito de terrorismo".
El BNG, por su parte, rechaza el contenido de la sentencia y reitera que en Galicia "no existe ningún fenómeno terrorista".
Además, la formación nacionalista recalca que tiene el "convencimiento" de que esta percepción "es compartida por la inmensa mayoría de la ciudadanía gallega, a pesar del empeño del PP por crear alarma e implantar la falsa idea de que en Galicia hay un problema de terrorismo".
El BNG lamenta el alcance de las penas y advierte de que con la actual legislación antiterrorista "cada vez más supuestos que habitualmente serían juzgados como actos vandálicos aplicando el código penal, pasan a ser juzgados directamente con la ley antiterrorista".
También avisa que esta sentencia "política" puede ser aprovechada, con una interpretación extensiva de esa legislación de excepción, como "patente de corso para criminalizar cualquier contestación social a las políticas del PP, como primera pieza de una estrategia política más amplia destinada a perseguir y demonizar las organizaciones políticas o sociales críticas con los gobiernos del PP en Galicia y en el Estado".
El portavoz nacional de Anova, el histórico líder del nacionalismo gallego Xosé Manuel Beiras, lamenta las "duras" condenas impuestas a los cuatro miembros de Resistencia Galega por terrorismo y las vincula a "una política reaccionaria de involución respecto a los derechos cívicos y democráticos que se viene practicando por los gobiernos del Estado español".
Beiras afirma que estas sentencias reflejan que el papel del Estado "ha dejado de ser velar por la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos y los colectivos de las naciones".
"Cuando deja de ser el estado del bienestar y se convierte en un estado de la represión penal asistimos a un espectáculo denigrante y que indigna a la ciudadanía de ver a los auténticos delincuentes, como Urdangarín, paseando por la calle, o a la ignominiosa negativa del PP a constituir una comisión de investigación sobre lo acontecido en el accidente de Angrois", ha remarcado el líder nacionalista gallego.
La Ejecutiva nacional de EU-IU ha calificado esta tarde de "delirante" la sentencia y afirma que es un auténtico "corta y pega" de la prensa de derechas del Estado español en cuanto a calificar de grupo terrorista a Resistencia Galega y considera "desproporcionada" la condena.
EU-IU considera que el auto "dibuja un delirante entramado en el que se identifica de forma torticera a organizaciones legítimas de la expresión política del independentismo gallego con aparatos de soporte de actividades terroristas".
La coalición denuncia que "el terrorismo realmente existente en Galicia es el de extrema derecha, envalentonada con la permisividad de las autoridades, ya que varias sedes de EU han sufrido ataques recientes".
Finalmente, un grupo de asociaciones proindenpendentistas gallegas califica de "barbaridad represiva" la sentencia.
La asociación Ceivar, junto con una quincena de asociaciones nacionalistas o proindependentistas gallegas, así como grupos y colectivos ecologistas, feministas, juveniles, culturales y sindicales señalan que tales condenas constituyen una "brutalidad represiva del Estado".
Leída en conferencia de prensa por un portavoz de Ceivar, Nahuel Martearena, las citadas asociaciones y grupos opinan en el texto que esa sentencia judicial denota un "Estado obsesionado con su propia integridad territorial".
Martearena indicó que la sentencia hacia los cuatro detenidos, algunos de los cuales conoce personalmente, le parece "desproporcionada".
