La importante crisis del sector del ladrillo y el estallido de la burbuja inmobiliaria ha traído consigo un incremento de las subastas judiciales. Aunque esa circunstancia también ha provocado un descenso del precio de mercado de los inmuebles, lo que resta atractivo a las pujas en las que hay este tipo de bienes de por medio.
Y es que el precio de subasta viene marcado directamente por el que se estableció en el momento de suscribir la hipoteca. El problema está en que, al calor del apogeo del ladrillo, se realizaron tasaciones muy altas ante la expectativa de que los inmuebles no perderían su valor. Ahora, los participantes en las pujas deben abonar al menos el 50% del importe de tasación para quedarse con el bien, de ahí que el interés disminuya. Se han acabado las gangas.
"Una subasta judicial suele ser un mal negocio, se acaban malvendiendo los bienes. Por eso es el último recurso", explica Luis Villares, representante en Galicia de Jueces para la Democracia. Una opinión compartida por Agenor Gómez, de la asociación de usuarios de entidades financieras Adicae en la comunidad gallega, que recuerda la "bolsa tan amplia" de inmuebles en poder de bancos y cajas.
En todo caso, el mundo de las subastas ha sufrido importantes cambios en los últimos años. La legislación vigente permite pujar a través del sistema de sobre cerrado, lo que evita tener que acudir a sede judicial. También se están generalizando las subastas por internet, que permiten conocer mejor el bien ofertado y evitar sorpresas, como cargas desconocidas o que las características de la vivienda no sean las deseadas. Con todo, la misteriosa presencia de los 'subasteros' --profesionales de estos procedimientos-- sigue dándose por hecha, aunque la crisis también ha repercutido en sus beneficios.
