Más de 5.000 gallegos fallecen en el extranjero cada año y dejan un legado en la comunidad autónoma que no es reclamado por nadie o, en el caso de hacerlo, los herederos desisten de llegar hasta el final en sus demandas por las trabas administrativas y los impuestos que deben asumir.
Este hecho provoca un progresivo incremento de las tierras abandonadas en diversas zonas rurales de Galicia, lo que frena el reordenamiento del territorio, el aprovechamiento del campo y la lucha contra los incendios forestales.
Galicia, Asturias y Extremadura son las comunidades más afectadas por este problema, por el elevado número de personas que emigraron el siglo pasado.
En España, las entidades financieras y el propio Estado no tienen la obligación de ponerse en contacto o buscar a los herederos cuando una persona fallece. Esto provoca casos de aprovechamiento indebido de inmuebles e incluso misteriosas desaparaciones de dinero de una cuenta bancaria. Si a los veinte años de la muerte de alguien, nadie reclama su legado, pasa automáticamente a manos de las arcas públicas.
