A Mesa denuncia que se aplique "la ley mordaza" por "reclamar ser atendido en gallego"

"No solo recibió una negativa rotunda" a esa petición, sino que "se le negó la realización de la prueba por este motivo"
Viajeros en la zona de cribado del aeropuerto de Santiago. XOÁN REY
photo_camera Viajeros en la zona de cribado del aeropuerto de Santiago. XOÁN REY

A Mesa pola Normalización ha denunciado que la Delegación del Gobierno en Galicia "aplica la ley mordaza" para sancionar a un hombre que, en Rianxo, "reclamó ser atendido en gallego" en un cribado covid y "no solo recibió una negativa rotunda" a esa petición, sino que "se le negó la realización de la prueba por este motivo".

Ante su "indignación", A Mesa relata que intervino la Policía Local que, lejos de reconocer "el legítimo derecho" de este ciudadano a ser atendido en gallego, recogió en el informe policial que lo instaron a cambiar de lengua y a emplear el castellano, ya que "el personal sanitario no tenía la obligación de hablarle en gallego". 

"El ataque a los derechos democráticos que se produjo en abril de 2021 en Rianxo sigue en la resolución sancionadora, que solo reconoce como válida la declaración policial y descarta la validez de los testimonios de personas presentes por mantener una relación de vecindad con la víctima", remarca la organización en defensa de la Normalización Lingüística, cuyo presidente, Marcos Maceira, incide en la "gravedad" de los hechos.

Sostiene que A Mesa se hará cargo de la defensa de este ciudadano y de los posibles gastos que de ella se deriven, incluida la multa, en el caso de que no prosperen los recursos en la fase administrativa, y las sanciones judiciales pertinentes. Además, pondrá el caso en conocimiento del Consejo de Europa y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

ASUNTO DE "ORDEN PÚBLICO". Por su parte, la Subdelegación del Gobierno traslada que se ha limitado a resolver un expediente por una infracción administrativa, tras una denuncia de la Policía Local por un asunto de orden público. 

Añade que se centra en resolver la cuestión de orden público y desvincula el procedimiento en el foco de cuestiones lingüísticas.