La mitad de las depuradoras de gestión municipal presenta alguna deficiencia

La gestión del agua necesita un giro de 180 grados. Con un bien cada vez más escaso en el planeta ninguna sociedad puede permitirse el lujo de perder el 40% de su suministro por fugas y falta de mantenimiento de las redes o que la mitad de las depuradoras funcionen mal, que es la actual radiografía de Galicia. Por eso la Xunta intenta corregir la situación a través de nuevas leyes. Una aprobada ya en 2019 incluye medidas de garantía del abastecimiento en los episodios —cada vez más frecuentes— de sequía. Y la otra, todavía en pañales, busca mejorar la gestión del ciclo del agua a través de la cooperación entre administraciones. Esta última está levantando polémica en el ámbito municipal.

¿Qué busca la nueva ley?

La Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, que es su denominación oficial y que echó a andar en julio en forma de anteproyecto, creará un marco normativo para poner un poco de orden en un mundo, en del abastecimiento, saneamiento y depuración, un tanto caótico a nivel burocrático, operativo y fiscal. La competencia en estas materias es de los ayuntamientos, pero su incapacidad económica y material para hacer frente a su gestión provoca un desajuste que es el que hay que solucionar.

¿Cuál es el principal problema?

El mal estado de las redes y las infraestructuras. En el caso de las tuberías, como van bajo tierra y los ciudadanos no las ven, nunca entran en la agenda de prioridades municipales. Para ello se incluyó en la ley de 2019 una norma que da un plazo de tres años a los concellos para auditar sus traídas, detectar fugas y repararlas, con ayuda autonómica.

El otro gran problema son las depuradoras, ya que prácticamente la mitad de las 120 de gestión municipal que hay en Galicia presentan deficiencias en su funcionamiento. "Algunas funcionan muy mal y otras solo regular", admiten desde la Xunta, donde en todo caso defienden que la nueva ley en tramitación permite arreglar esa situación a través del apoyo del Ejecutivo gallego a los concellos que lo soliciten.

¿Cómo se arregla?

La nueva ley fija un marco normativo para ordenar y reforzar ese apoyo de la Xunta a los concellos en materia de aguas. Augas de Galicia ya asume hoy la gestión de 28 depuradoras y "tiene cola" de peticiones, aunque no puede gestionar más por cuestiones económicas. Las depuradoras tienen un funcionamiento complejo y caro —especialmente desde la subida desorbitada de la luz—, necesitan perfiles de trabajadores técnicos y los concellos, especialmente los más pequeños, no pueden asumir su día a día. La Xunta defiende que para responder a esa demanda la ley crea un nuevo modelo de gestión "caracterizado por la eficacia, la eficiencia y la corresponsabilidad entre administraciones".

Supone principalmente "un apoyo a ayuntamientos que tienen grandes dificultades" para ejercer la prestación de servicios relacionados con el agua. "Ordena, refuerza y quiere extender ese apoyo que venimos realizando desde Augas", que en todo caso será "de carácter voluntario", afirmó este martes la conselleira Ethel Vázquez en el Consello Reitor de Augas.

¿Por qué nace la polémica?

Mientras la Fegamp pidió más tiempo para evaluar el futuro texto legal, algunos concellos, especialmente del BNG, cargaron con dureza contra el documento alegando que se traducirá, sobre todo, en una significativa subida de impuestos por la gestión del agua. Por ello hablan de "sablazo". Sin embargo, la Xunta dejó claro el martes que la ley "no crea ninguna tasa" nueva "ni sube" las existentes. Los principales impuestos del agua en Galicia son el canon —que pagan los ciudadanos a los concellos y estos a la Xunta— y los vinculados a la prestación de servicios de abastecimiento y depuración. Augas sostiene que tan solo se reordenan o se renombran, pero en ningún caso se incrementan.

Sin embargo, la Administración autonómica recuerda que la nueva ley sí persigue que los concellos y las diputaciones se "corresponsabilicen", algo que asegura que ahora no ocurre. Por ello, para que la Xunta asuma la gestión de una depuradora habrá que firmar un convenio con una serie de condiciones, de forma que el Ayuntamiento se comprometa a determinadas cuestiones. Y ahí está el principal punto de fricción.

Por ejemplo, si una depuradora está diseñada para tratar determinados litros de agua pero de repente entra el triple de cantidad por la lluvia o entra agua de mala calidad de una industria que no la trata, la depuradora falla, rebosa y provoca un vertido. Si el convenio firmado recoge que es obligación del concello garantizar que las pluviales no desborden la depuradora o que las empresas filtren sus aguas, sí se penalizará económicamente al ayuntamiento por no cumplir. Por eso el BNG ironizó con lo que llamó "impuesto a la lluvia".

¿Qué es el precio único?

Es otro aspecto contemplado en la ley: una tarifa única para el agua independientemente del concello. Porque sobre el papel prestar servicios en un concello poco poblado y disperso es muchísimo más caro que en una ciudad, pero la Xunta no quiere penalizar precisamente a municipios pequeños y rurales.