Morir como derecho vital

"No son problemas religiosos ni morales. Es mi problema. Es mi derecho". Mirando fíjamente al espectador al otro lado de la pantalla, Jesús Vázquez habla en primera persona, pero no se refiere a él. O, al menos, no solamente. Este vecino de A Coruña, de 55 años y paciente de esclerosis lateral amiotrófica (Ela), una enfermedad degenerativa e incurable, entiende que la aprobación de una ley de la eutanasia es un derecho "para todos". De ahí la llamada que, en plena campaña electoral, subió a YouTube para remover la conciencia y pedir el voto a los partidos que "inequívocamente" abogan por implantarla.

La eutanasia no es legal en España. Quien induzca o coopere en el suicidio de otra persona puede ser castigado con entre dos y ocho años de prisión, que pueden ser diez en caso de participar en la ejecución. Si la acción deriva de la petición "expresa, seria e inequívoca" de alguien que sufre "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", habría una rebaja la condena "en uno o dos grados". Pero nunca es una causa eximente. Así lo dictamina el artículo 143 del Código Penal. Por el momento. En septiembre, el Congreso admitió a trámite la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia, con el respaldo verbal de todos los grupos a excepción de PP y Vox. No obstante, la disolución de las Cortes y la repetición de elecciones desactivó un cambio normativo que reclamaba "reconocer el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad grave o incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante".

El Congreso admitió en septiembre la propuesta de ley del PSOE para regular la eutanasia, desactivada por la disolución de las Cortes

Tras el paso por las urnas el 10 de noviembre, Jesús Vázquez confía "esperanzado" en que las nuevas negociaciones para la formación de Gobierno propicien que la ley salga adelante. De hecho, los acuerdos entre PSOE y Podemos, ratificados esta semana, contemplan "específicamente" este asunto, recuerda. "Yo quiero tener la ley. Primero para las personas que la necesitan hoy, y en mi caso para tenerla ahí", explica. Un derecho del que se puede disponer y ejercer de forma efectiva. Nada más, nada menos. Para que no se repitan casos como el de María José Carrasco —paciente de esclerosis múltiple a quien ayudó a morir en abril su marido, que ahora podría afrontar consecuencias penales— o Fernando Cuesta —enfermo de Ela que viajó hasta Suiza, con la ayuda de una asociación local, para su suicidio asistido en junio—. "No te tienes que divorciar con la ley de divorcio, pero hay que tenerla", aclara para profanos que no sepan, o quieran, ponerse en su piel.

"Ahora mismo no la necesito", subraya Vázquez. "Intento mantener el ánimo alto", expone sobre su situación, que según sus médicos es "estable". Esto quiere decir que la Ela, que le ha debilitado las piernas y los brazos hasta dejarle en silla de ruedas y con dificultades para realizar tareas como escribir a mano, "no avanza de otra manera". Con ello se refiere a su principal temor: la Ela bulbar, que es "la más fuerte", puesto que daña el habla, la ingesta y la respiración, destruyendo toda calidad de vida. "Está paralizada y eso me anima, aunque asumo que el cuerpo no me responde", dice Vázquez.

RESPALDO SOCIAL. En su caso, el diagnóstico fue "relativamente rápido". Los primeros síntomas se dieron en las piernas, con fallos que daban con sus huesos en el suelo. Las pruebas neurológicas que le efectuó el médico de cabecera activaron la alerta y, tras la visita al especialista, el diagnóstico le llegó el pasado enero. Los pasos y el impás de espera fueron, en cierta forma, terapéuticos. "Yo defino el luto en ir adaptándote a poder contarlo, y lo mío fue poco a poco. Mentalmente no fue cosa de entrar en una depresión", rememora.

También influye la actitud inconformista de este graduado social, que fue, asimismo, el germen de este vídeo que grabó con la menor de sus dos hijas, Iria, en labores de dirección. "Soy un hombre político; me interesan las cosas y me posiciono", expone Vázquez, que manifiesta que su "manera de ver el mundo" siempre le impulsó a luchar "por todo tipo de leyes sociales, liberadoras de derechos". En esta ocasión, considera que tiene a la sociedad de su lado, que el problema se reduce a la disputa política, enquistada por la "propaganada de ignorantes y radicales de derechas". "Ellos tienen medios… pero el relato ya se ganó", sentencia.

Ascensión Cambrón, presidenta en Galicia de la asociación Derecho a Morir Dignamente, está de acuerdo con esta apreciación. "La sociedad ha cambiado por una razón práctica que está cercana a cualquier ciudadano", y es que "ahora la medicina tiene un tope para evitar la muerte, pero también muchos recursos para mantener con vida a pacientes desahuciados. Esto lo viven las familias y es el claro fundamento de que la reivindicación de la eutanasia es transversal, no es por ideología", ya que "las personas se conciencian con que el encarnizamiento terapéutico es intolerable en una sociedad civilizada y democrática", indica. Y eso ocurre en Galicia del mismo modo que en el resto del país, añade para negar el tópico de los supuestos tabúes en el abordaje de la muerte.

Pero Cambrón es más cauta que Vázquez a la hora de pronosticar el futuro de la ley de la eutanasia. "Hasta que no se constituya el nuevo parlamento estamos en esa duda razonable. De lo que sí tenemos cierta certeza es de que, una vez constituido el gobierno a partir del PSOE y de las fuerzas necesarias para ese trámite, sí tirará para adelante", matiza.

En cualquier caso, avisa de que el proyecto aún necesita mejorar. Principalmente, en que "la autoridad pública tiene que garantizar que el derecho reconocido tiene que respetarse". Esto es, clarificar que, llegado el momento de ayudar a morir, un facultativo pueda ser objetor de conciencia, pero siempre que esto no se convierta en objeción a la ley. Que se garanticen los deberes correlativos al derecho. También para concretar los requisitos para configurar la comisión de evaluación y control, dado que la "indefinición" de la ley puede derivar en que "en algunas comunidades se aplique la eutanasia y en otras no, a pesar de estar regulada a nivel estatal".