Las negociaciones se retomarán el viernes tras un mes de huelga en la Justicia

La secretaria xeral técnica de Vicepresidencia se incorporará a la delegación negociadora del Gobierno gallego

Manifestación de trabajadores de Xustiza en Santiago de Compostela. LAVANDEIRA JR (EFE)
photo_camera Manifestación de trabajadores de Xustiza en Santiago de Compostela. LAVANDEIRA JR (EFE)

El comité de huelga y los representantes de la Xunta volverán a sentarse finalmente el próximo viernes para retomar las negociaciones e intentar desbloquear un conflicto que ya dura un mes y que ha paralizado juzgados y registros civiles gallegos. 

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press resaltan que los juicios suspendidos desde el 7 de febrero, fecha en la que se inició el primer paro indefinido en la justicia gallega desde que se transfirió la competencia, podrían rondar "los 12.000", a los que habría que sumar también millares de trámites jurídicos. 

En esta coyuntura, el Gobierno gallego, de acuerdo con lo avanzado en el pleno de la Cámara autonómica por el vicepresidente, Alfonso Rueda, ha convocado al comité de huelga. Ofrecía dos fechas posibles para el encuentro, dados los paros y la huelga feminista que están convocados para este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

El comité, en el que están representados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC.OO., ha decidido "posponer la reunión para el viernes". El objetivo, señalan, es "no coincidir con la huelga de las mujeres con motivo del 8 de marzo. 

Los sindicatos mantienen que el seguimiento en el paro es "muy alto", por encima del 80 por ciento, mientras que la Xunta lo reduce al 37,04 por ciento

"Entendemos que el jueves debe ser para la huelga de las mujeres. Los trabajadores de la justicia, que llevamos un mes de huelga no podemos sacar el protagonismo a las movilizaciones de las mujeres", esgrimen los sindicatos.  El encuentro tendrá lugar a las 12,00 horas en la Escola Galega de Administración Pública.

LA SECRETARIA XERAL TÉCNICA. Para esta cita, el comité había reclamado la presencia de Rueda, quien la ha condicionado a que suspendan el paro, una exigencia que los sindicatos rechazan. 

En todo caso, en atención al reclamo de nuevos interlocutores, fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han avanzado que en el próximo encuentro se sumará a la delegación del Gobierno la secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña. 

En ella está previsto que participen también, como en los encuentros previos, los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y de Función Pública, José María Barreiro, al igual que los subdirectores de ambos departamentos. 

La Xunta, que hasta hace unos días mantenía que la oferta económica era inamovible, se muestra ahora, en cambio, dispuesta a abordar "todos" los temas.

LAS PROPUESTAS. Hasta ahora, con las propuestas que había sobre la mesa, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior. 

En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, la Administración se ha comprometido a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos". 

Sobre la oferta económica, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo –auxilios, tramitadores o gestores–) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades. 

Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos. La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría aceptar es "inasumible" para las arcas públicas. 

Los sindicatos se remiten a una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica, que apela a situar al colectivo "de la mitad para arriba" en la tabla salarial de las comunidades con la competencia transferida, y reclaman que "se cumpla el mandato parlamentario".

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