Los grupos de oposición en el Parlamento de Galicia han expresado hoy nuevamente su disconformidad con la decisión de la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, de regular el acceso de invitados a los plenos.
La presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, explicó hoy a los grupos, en la Junta de Portavoces, sus propuestas para evitar incidentes como los acaecidos en los últimos plenos de la Cámara, que fueron interrumpidos por protestas ciudadanas, a las que los grupos de oposición se mostraron reacios por entender que son innecesarias y que coartan la libertad de la ciudadanía.
La Mesa del Parlamento, en la que tiene mayoría el PP, aprobó posteriormente, pese a estas críticas, el paquete de nuevos criterios para ordenar el acceso del público a los plenos, que estipulan una serie de recomendaciones para evitar incidentes y recoge que, en caso de que se produzcan alteraciones del orden en las sesiones, se remitirán a la autoridad judicial. De la mano de la oposición queda, ahora, aportar las sugerencias que gusten hasta mañana, cuando previsiblemente sean aprobados definitivamente.
UNA POLÉMICA ''INNECESARIA''
La presidenta, según algunos de los portavoces explicaron al término de la reunión, decidió retomar que los grupos puedan elegir a sus invitados, ya que ella misma se había arrogado personalmente la gestión de este asunto tras los incidentes protagonizados en un pleno por un grupo de afectados por las participaciones preferentes. En todo caso, la oposición considera innecesario regular este asunto, al entender sus portavoces que exhibir una pancarta o una camiseta o proferir un grito no es un caso de gravedad.
Sobre el debate, Pedro Puy, portavoz del PP, explicó al término que en la reunión hubo un "interesante intercambio de opiniones" sobre el principio de representatividad o la democracia participativa, ironizó, y aseguró que todos "estamos de acuerdo" en mantener la dignidad de la Cámara, pero no en lo que es el concepto de dignidad.
Según subrayó, dado que no hay consenso básico sobre estos conceptos, las ideas del grupo parlamentario popular "están claras" y la democracia representativa consiste en que son los diputados los representantes populares, por lo que el pleno no es el mejor sitio para expresar la disconformidad de los ciudadanos. En todo caso, destacó que la presidenta planteó recuperar los acuerdos que hasta ahora venían funcionando, para que sean los grupos los encargados de hacer las listas y también la "interesante" posibilidad de que los ciudadanos se "autorresponsabilicen" a su entrada en el Parlamento.
Mientras, Abel Losada, del PSdeG, sostuvo que su grupo está a favor de que se mantenga el orden público en la Cámara, pero afirmó que hay "líneas rojas" que los socialistas no traspasarán, como ejercer un control político sobre el acceso de los invitados
Indicó que los plenos deben desarrollarse con normalidad aunque en ocasiones han sido interrumpidos de forma "muy marginal" y subrayó la presencia de pancartas o camisetas, que dijo son cuestiones "estéticas". Por ello, establecer "normas muy rígidas no nos parece positivo", afirmó. "Entendemos que en determinados momentos cualquier persona puede sentirse agraviada y no estamos dispuestos a criminalizar a los ciudadanos que vienen al Parlamento", señaló.
Por su parte, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, dijo no compartir el criterio de lo que es "alteración de orden", e indicó que los derechos constitucionales de los ciudadanos "están por encima del Reglamento" de la Cámara.
Para Beiras, es obligación de los diputados mantener el compromiso con los ciudadanos en su conjunto, por lo que cualquier actuación que "coarte, reprima, cercene o limite a priori" derechos como asistir al pleno "nos pone en la tesitura de acatar sumisamente" esta decisión o bien "mantenernos en nuestra postura solidaria" con la ciudadanía. Además, Beiras indicó que el Parlamento no está para aplicar medidas "represivas". "Como si estuviéramos en un reformatorio de los años 40", aseguró.
Para concluir, subrayó que el incidente más grave que, a su juicio, ocurrió en el Parlamento fue protagonizado por una "conocida militante del PP", en alusión a la hostelera viguesa Karina Falagan, a la que no mencionó, que llegó a agredir físicamente a la diputada socialista Rosa Miguélez en la cafetería de la Cámara, y desde el PP no se puso en manos del fiscal.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, sostuvo por su parte que el actual Reglamento del Parlamento es suficiente, por lo que se ratificó en que no son precisos cambios en las normas de acceso de invitados. A su juicio, el PP hace una "lectura equivocada" de los últimos incidentes porque no responden, dijo, a "ninguna táctica conspiratoria", sino que son reflejo de la situación de crisis y conflictividad social.
A UN PASO DE APROBAR LOS NUEVOS CRITERIOS
Una vez oídas las críticas de la oposición, la Mesa del Parlamento acordó estos criterios avalados por la mayoría popular y éstos, a su vez, han sido remitidos a los grupos, que tienen hasta las 14 horas de mañana para aportar sugerencias.
Estos criterios estipulan que el grupo parlamentario que lleve a invitados es responsable de informarles de lo previsto en el Reglamento de la Cámara respecto orden dentro del recinto. Además, como anticipó la presidenta a los grupos en la Junta de Portavoces, para su acceso al salón de plenos los invitados deberán firmar un escrito en el que constan los deberes del público. En el caso de que el invitado no firme, podrá seguir la sesión desde el espacio del grupo parlamentario.
Además, en el caso de expulsión del salón de sesiones por desórdenes en la tribuna de invitados, quienes hayan sido echados no podrán acudir a la Cámara durante el resto de la legislatura, sin perjuicio de otras consecuencias recogidas en el Parlamento y sólo podrán acceder a los locales de los grupos si les invitasen.
Igualmente, los criterios decididos por la Mesa señalan que en el caso de expulsión de la sala de sesiones por desórdenes en la tribuna, el grupo parlamentario que invitó a quien se expulsa deberá dejar transcurrir un pleno para volver a proponer invitados y, en caso de reincidencia, se perderá el cupo como mínimo para un periodo de sesiones o tiempo equivalente.
Los invitados, además, no deben portar pancartas, estandartes o emblemas con mensajes y, en el caso de alteración del orden, los servicios de seguridad remitirán testimonio de los hechos a la Mesa del Parlamento, para su traslado a la autoridad judicial.
Según explicaron los portavoces de los grupos al término de la reunión, en su primera oferta la presidenta pretendía que los invitados firmasen un escrito por el que admiten las normas de funcionamiento de la Cámara o sancionar a los grupos parlamentarios cuyos invitados alteren el orden, de forma que se les impediría un cupo de invitados en un tiempo.
