El macrojuicio del Prestige se saldó con una condena de nueve meses al capitán, Apostolos Mangouras, por desobediencia. Por lo demás, se le absolvió de los principales delitos que se le atribuían, al igual que a los otros imputados: el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos y al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
El dilatado proceso, que se extendió durante once años, se resumió en 238 folios de sentencia y esa pequeña condena a Mangouras por negarse a tomar remolque aquel once de noviembre cuando todavía era de día para hacerlo. Esta resolución implica que nadie pagará la cifra que pedía la Fiscalía: 4.328 millones de euros.
En caso de que el Estado español (o algún particular) quisiera reclamar indemnizaciones por el siniestro del petrolero, tendría que iniciar otro proceso por la vía civil, según fuentes jurídicas. Sin embargo, este tipo de procedimientos tienen siempre un recorrido costoso e incluso pueden ser muy arriesgados, porque si no se estimasen las demandas esto implicaría imposición de costas, cuya cuantía iría, a su vez, en función del importe que se reclamase.
La absolución del Estado
Por otra parte, la exculpación en este mismo fallo del exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, conlleva que el Gobierno español queda exento de hacer frente a cualquier responsabilidad penal.
De esta forma, no tendrá que sufragar los daños que se le reclamaban, al entender el tribunal que las decisiones que se adoptaron buscaban salvar vidas humanas y minimizar los daños ambientales y económicos.
El alejamiento y el fallo estructural
El magistrado que dio lectura a la sentencia, Juan Luis Pía afirmó que López Sors, acusado del rumbo "errático" que siguió el petrolero durante seis días antes de hundirse, fue absuelto al considerar que no provocó el desastre sino que trató de solucionarlo y evitar daños materiales y humanos, y añadió que casi todos los expertos coinciden en que la decisión inicial de alejamiento del buque fue correcta.
"Nadie puede señalar lo que se debería haber hecho" para evitar la catástrofe y "no hay acuerdo aún hoy sobre lo que se debería hacer si se repitiese la situación", ha apostillado el presidente del tribunal de la Audiencia de A Coruña, quien ha recalcado que los informes técnicos son "contradictorios".
Tras indicar que el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen "nadie puede precisar", Pía ha señalado que la administración española "no provocó sino que gestionó con profesionalidad y adecuación" el siniestro.
Según el fallo, se realizaron inspecciones y reparaciones y la entidad ABS certificó la habilidad del buque para navegar con normalidad, pero pese a eso el fallo estructural no tuvo ningún otro origen que las deficiencias de mantenimiento y control de la conservación del buque.
Dichas deficiencias, continúa, no respondían a vicios que pudieran observarse directamente, sino que dependían de análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad, eficacia y prudencia.
Así, y dado que "no se demostró que los acusados quisieran hundir el buque, ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas", los tripulantes del Prestige no actuaron dolosamente y su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave.
