El exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez y otros cuatro acusados, investigados por un presunto caso de enchufismo durante su etapa en el ayuntamiento orensano de O Carballiño, se han acogido este miércoles a su derecho a no declarar, por un presunto delito de prevaricación relacionado con supuestas irregularidades en las contrataciones.
Los cinco encausados, Pachi Vázquez, Carlos Montes, Alfonso Prado, José Antonio Barge y Elisa Domínguez, han declinado prestar declaración "por recomendación" de sus letrados en el proceso que acoge el juzgado Penal número dos de Ourense, que investiga presuntas irregularidades en la contratación del personal laboral del consistorio.
A la salida de la vista, el exlíder de los socialistas gallegos y exalcalde de O Carballiño, para el que la Fiscalía de Ourense pide diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha manifestado que hablará "cuando salga esta sentencia".
Mientras tanto, en declaraciones realizadas a los medios, ha preferido acogerse a su derecho a no declarar "por recomendación de mi abogado" en este proceso judicial que se instruye contra él y otros cuatro exresponsables políticos, quienes rechazan el delito del que se les acusa.
A este respecto, Vázquez ha recordado que durante la instrucción del caso, que se prolonga desde el año 2014, sí declaró sobre estos hechos. "Declaré tres veces en este proceso, quien nunca estuvo fue la fiscal", ha abundado.
Vázquez se enfrenta a un presunto delito de prevaricación continuada en relación con una serie de contrataciones realizadas durante su etapa como alcalde de O Carballiño
"Remató prácticamente este proceso, todos los tenemos bastante claro. El momento de hablar es cuando hable la Justicia en la que confiamos plenamente", ha señalado Vázquez.
La fiscalía mantiene la acusación contra Pachi Vázquez y el resto de acusados por un presunto delito de prevaricación continuada. Este jueves presentará los informes finales en un juicio que rematará presumiblemente un día antes de lo previsto inicialmente.
Durante el juicio, un perito propuesto por la defensa, que es catedrático de Derecho Administrativo, ha asegurado que este tipo de contratos de personal laboral es un proceso "habitual" en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes hasta el punto de que, en algún caso, representa "el 85 por ciento" de contratos, a fin de atender "necesidades estructurales" de los consistorio.
Con todo, ha apuntado que no hay ningún motivo por el que no sigan los principios de mérito, capacidad e igualdad. No obstante, ha manifestado que "sorprende" que las Administraciones no conocen los procedimientos laborales.
El exsecretario xeral se enfrenta a un presunto delito de prevaricación continuada en relación con una serie de contrataciones realizadas durante su etapa como alcalde de O Carballiño, entre los años 1995 y 2005.
El Ministerio Público argumenta que los investigados suscribieron durante su etapa en el ayuntamiento de O Carballiño "un gran número de contrataciones" de personal laboral de duración que devinieron en indefinidas.
