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El padre de Diana Quer lamenta el segundo grado a 'El Chicle': "En la calle es peligroso"

Juan Carlos Quer (derecha), observa fijamente a El Chicle durante una de las sesiones del juicio. PEPE FERRÍN (AGN)
Juan Carlos Quer (derecha), observa fijamente a El Chicle durante una de las sesiones del juicio. PEPE FERRÍN (AGN)

Critica la "extraordinaria rapidez" con la que Instituciones Penitenciarias ha adoptado esta decisión

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, ha expresado su "profundo dolor" tras conocer que el asesino de su hija, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, podrá solicitar dentro de cinco años permisos ordinarios, después de ser clasificado en segundo grado tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la condena a prisión permanente revisable por este crimen cometido en 2016.

En una nota de prensa remitida a Europa Press, Juan Carlos Quer lamenta la "extraordinaria rapidez" con la que Instituciones Penitenciarias ha adoptado la decisión de clasificar a El Chicle, hasta ahora preso preventivo, en segundo grado o régimen ordinario.

"Entiendo que se fundamenta única y exclusivamente en el buen comportamiento del reo en el ámbito carcelario, donde no existen niñas o mujeres a las que violar y asesinar, pero en la calle su peligrosidad es extrema", señala Juan Carlos Quer, que apunta que con el segundo grado el interno podrá solicitar en cinco años permisos para salir de prisión.

Tras recordar que su hija fue violada y asesinada y que El Chicle intentó secuestrar a otra joven antes de su detención a finales de 2017, el padre de Diana Quer pide que "no se olvide" que las víctimas también tienen derecho, y "no sólo los delincuentes", citando entre ellos el derecho a la reparación del daño causado. "Diana ya no tiene permisos, no se olviden", sentenció a través de su cuenta de Twitter.

PERMISOS SEGÚN EL CÓDIGO PENAL. En los casos de condenas de prisión permanente revisable, como ocurre con El Chicle, el artículo 36 del Código Penal establece el cumplimiento de 15 años de prisión efectiva, sin que el penado pueda disfrutar de permisos de salida hasta que transcurra ocho años en prisión.

A El Chicle, por tanto, le restarían cinco años para poder solicitar permisos ordinarios, puesto que se tiene en cuenta su estancia en la cárcel desde que se dictó para él prisión provisional tras su detención a finales de 2017. En casos de delitos de terrorismo, el cumplimiento de la prisión efectiva se eleva a 20 años, fijando los permisos una vez se haya cumplido un mínimo de 12 años.

Fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press subrayan que los permisos de salida se conceden o rechazan teniendo en cuenta otros factores como la gravedad de la condena o la alarma social. Citan como ejemplo el caso de Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo y que no ha dispuesto de permisos ordinarios tras cumplir la cuarta parte de condena.

El reglamento penitenciario establece que la propuesta de clasificación inicial penitenciaria se formule por las Juntas de Tratamiento, previo estudio del interno, "en el plazo máximo de dos meses desde la recepción del testimonio de la sentencia". La sentencia de El Chicle, que cumple condena en la prisión de León, se hizo pública por el Supremo a finales de noviembre.

Los presos clasificados en primer grado, que no tienen derecho a pedir permisos de salida ordinarios, son los condenados por terrorismo o los que muestran una inadaptación grave al régimen ordinario al ser considerados de "extrema peligrosidad" para la propia vida del interno o la de otras personas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó a finales de noviembre la pena de prisión permanente revisable a José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Quer en 2016 en A Pobra do Caramiñal, con la finalidad de ocultar un delito previo contra la libertad sexual de la víctima.

También confirmó otra pena de cuatro años y un día de prisión por un delito de detención ilegal y un delito de agresión sexual, en concurso medial. En los dos delitos apreció la circunstancia atenuante analógica de confesión. Además, tiene que hacer frente al pago de una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los progenitores y de 40.000 euros a la hermana de la víctima.

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