Piden siete años de cárcel para el exalcalde de Ourense Manuel Cabezas

Fijan en 1,65 millones el perjucio a las arcas públicas al no exigir el 10% el aprovechamiento urbanístico 
Manuel Cabezas. BRAIS LORENZO
photo_camera Manuel Cabezas. BRAIS LORENZO

La Fiscalía pide siete años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros para el que fuera alcalde por el PPdeG en Ourense Manuel Cabezas entre los años 1995 y 2007 por un perjuicio a las arcas públicas municipales de unos 1,65 millones de euros, al no exigir el 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico, obligatorio por ley, a un total de 15 proyectos. 

Además, también se solicita esta misma pena de cárcel para el que era concejal delegado de Urbanismo entre septiembre de 1999 hasta junio de 2004, Ricardo Campo Labrador. En este caso, la multa asciende a 1,2 millones de euros. 

Según el escrito del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, explica que en diciembre de 1994, el pleno municipal aprobó una propuesta que suponía "la no exigencia del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico municipal en los polígonos de suelo urbano no consolidado". En 1997 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Ley del suelo y en el año 1998 la Ley sobre régimen del suelo que recogía expresamente el 10 por ciento del aprovechamiento.

"ENRIQUECIMIENTO INJUSTO". "No obstante, (...) a sabiendas de la de la inaplicación del acuerdo aprobado en el pleno del 15 de diciembre de 1994, sin modificar el mismo siendo nulo de pleno derecho", señala la Fiscalía en relación a Manuel Cabezas y Ricardo Campo Labrador, "aprovecharon los cargos públicos que ostentaban, guiados, ambos acusados, por un ánimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados". 

Así pues, añade que, entre los años 1997 y 2002, aprobaron 15 proyectos de compensación, en suelo urbano no consolidado, "sin exigir la cesión del 10 por ciento", pese a ser "preceptiva". 

En el escrito fiscal se enumeran los 15 proyectos en los que no se exigió el 10 por ciento con cuantías que suman unos 1,65 millones de euros y que van desde los 21.022 euros hasta los casi 700.000 euros.

APERTURA DE JUICIO ORAL. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral y, según las fuentes consultadas por Europa Press, podría dilatarse hasta mediados del año que viene este juicio. 

Además, pide que, además de los acusados, acudan seis personas como testigos, entre ellas, la que fuera concejal de Urbanismo socialista Áurea Soto y autora de la querella inicial, y pruebas periciales, entre ellas, los documentos elaborados en su día por el Consello de Contas titulado por Luciano Fariña, en el que se constaban estas posibles irregularidades. 

La defensa intentó en varias ocasiones ampliar los plazos del proceso, que ya es dilatado en el tiempo puesto que el juez instructor inicial tuvo que abstenerse por incompatibilidad con otro proceso, al haber sido denunciado por supuesta prevaricación por la investigación a Áurea Soto, cuya causa fue sobreseída. 

Además, en este proceso también acabó sancionado con diez meses y 2.500 euros por la Fiscalía General del Estado el fiscal inicial de la causa, Florentino Delgado, por retrasar la tramitación de la causa contra Manuel Cabezas.

Este fiscal fue sancionado, posteriormente, con otros 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por otro caso ajeno a este y que está vinculado al piso que le costeó la Xunta entre 2004 y 2016, un pleito que saldó asumiendo la deuda.

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