La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública y CIG-Saúde han pedido este jueves a la Xunta que rectifique los pliegos publicados el martes en la plataforma de contratación de la Xunta para derivar los abortos a clínicas privadas.
Esta semana, el Sergas sacó a licitación, por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros durante tres años la práctica totalidad de las interrupciones de los embarazos en la sanidad privada, toda vez que ya el 60% de los abortos se realizan en clínicas de este tipo.
El Gobierno gallego justifica esta licitación en la necesidad de garantizar esta prestación de asistencia sanitaria de modo eficiente y en los plazos establecidos por la normativa vigente, ante la imposibilidad de que los servicios sanitarios públicos del Sergas puedan prestar dicha asistencia con "los recursos humanos, materiales e infraestructura con los que cuenta en la actualidad".
Sin embargo, varias plataformas denuncian esta actuación y en un comunicado, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública remarca que esta decisión supone que “la Xunta sigue avanzado en la privatización del sistema sanitario público gallego”.
Considera la asociación que “hasta el momento, el Sergas realizaba las derivaciones a clínicas privadas de forma excepcional” pero ahora lo hará de forma habitual con lo que se produce, en su opinión, “una vulneración de un derecho fundamental de las mujeres, a las que se priva del derecho para abortar en la sanidad pública”.
Apuntan además que de esta forma se produce una estigmatización de la mujeres que quieran interrumpir su embarazo, lo que evidencia “la intrusión de la ideología conservadora del PP en las relaciones sanitarias”.
De igual forma, CIG-Saúde rechaza esta decisión y recuerda que el aborto es un derecho que se hace efectivo a través de una prestación de la sanidad pública y denuncia que, de este modo, la Consellería de Sanidad destina dinero público, una vez más, a financiar a la sanidad privada.
El sindicato nacionalista acusa a la Xunta de tender “a privatizar las interrupciones voluntarias del embarazo”. Sobre las dificultades para tener profesionales que realicen estas intervenciones, por la aplicación de la objeción de conciencia, CIG-Saúde exige que la Consellería de Sanidade garantice la contratación de profesionales que realicen estas intervenciones en la sanidad pública.
“No puede ser que los profesionales con objeción de conciencia se concentren en la Sanidad Pública y solo se puedan hacer estas intervenciones en la sanidad privada”, concluye.
