El dislate de las autoridades filipinas con el fallecido Diego Bello Lafuente parece no tener fin. Mientras su familia, rota de dolor, intenta desde A Coruña agilizar los trámites para repatriar el cadáver, la Policía del país asiático sigue acusando al joven de cargos tan graves como dudosos. "Tenemos registros de que el narcotraficante asesinado tenía varias denuncias de violación", comunicó el oficial Wise Vicente Panuelos en las últimas horas al diario local Minda News, desde el que aseguran disponer de "una copia de una de las denuncias presentadas" contra el chico coruñés por una mujer en la isla de Siargao, donde el joven tenía varios negocios y una casa en la que convivía con su novia.
El mando policial expone también que "todas las denuncias acabaron archivadas" aunque se muestra "convencido" de la culpabilidad de Diego en esos sucesos. "Me sorprende que no llegase a ser juzgado", afirma, obviando fundamento alguno, el oficial Panuelos, que reitera además que el joven gallego era el mayor narcotraficante de la zona en la que residía. "He was the number 1 drug personality in the region", cita textualmente ante un reportero de Minda News, tras lo que explica que llevaban "meses siguiéndolo" tras vincularlo con el hallazgo de un alijo de 40 fardos de cocaína en las costas del archipiélago que realizó la Philippine Drug Enforcement Agency.
Durante la conversación, el periodista del medio filipino transmite al policía las "dudas" del entorno del joven coruñés sobre la veracidad de la versión oficial. "Tenemos pruebas muy sólidas", zanja el oficial Panuelos, que finaliza la entrevista lanzando un contundente mensaje supuestamente ejemplarizante. "Lo que ocurrió [con Diego] sirve para que quienes estén involucrados en el tráfico de drogas huyan. No toleramos eso en nuestro país".
Asimismo, el diario Minda News también pudo saber, de boca del agente Panuelos, que personal de la embajada española en Manila tenía previsto viajar ayer al lugar donde el chico fue acribillado —el distrito de General Luna, en la isla de Siargao, a unos 800 kilómetros de la capital filipina— para "recopilar información sobre este incidente (sic)", incluyendo entrevistas con la propia policía.
En este sentido, un amigo de Diego informó a AGN de que la embajada se comprometió con la familia a transmitirle "prácticamente en tiempo real" toda la información que vaya recabando. De todos modos, habida cuenta de la actitud de las autoridades filipinas respecto al caso de Diego, parece difícil que el Gobierno del archipiélago dé otras explicaciones que no sean las expuestas hasta ahora, que ya no solo no son verídicas para la familia, sino que suponen una ofensa para ellos en estos momentos tan duros. "Encima de llorar a su hijo por perderlo de esta forma tan estúpida e inexplicable tienen que soportar que lo tachen de narcotraficante. No tiene nombre lo que están haciendo", lamentaba Sergi Fabregat, amigo personal del fallecido.
Es difícil aventurar plazos en países cuya burocracia no es la más transparente, pero el consulado español confía en que la familia de Diego pueda velarlo en A Coruña a principios de la próxima semana.
