Preocupación ante la fuga de implicados por la muerte de Diego Bello en Filipinas

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ha expresado su "grave preocupación" porque cree que los plazos van "más allá de la rapidez razonable que requiere la administración efectiva de la justicia"
Diego Bello. EP
photo_camera Diego Bello. EP

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ha expresado su "grave preocupación" ante la fuga de los policías supuestamente implicados en la muerte del coruñés Diego Bello, pues cree que los plazos van "más allá de la rapidez razonable que requiere la administración efectiva de la justicia".

La directora ejecutiva de la Comisión, Atty Jacqueline Ann de Guia, ha emitido un dictamen en el que expresa "su grave preocupación por el considerable retraso en la ejecución de la orden de detención de los tres agentes de policía presuntamente implicados en la muerte del empresario español Diego Bello Lafuente".

"Este retraso, a pesar de que los agentes acusados fueron informados de los cargos que se les imputaban y de la emisión de la orden de detención el 25 de marzo de 2022, va más allá de la rapidez razonable que requiere la administración efectiva de la justicia", continúa.

Afirma que "los retrasos irrazonables en los procedimientos judiciales por no ejecutar una orden de detención provocan una ruptura en el sistema de justicia, ya que impiden proporcionar una reparación legal oportuna y eficaz a los agraviados".

"Del mismo modo, un procedimiento judicial prolongado no hace más que prolongar la injusticia que sufren los presuntos autores en caso de que finalmente sean declarados inocentes", añade.

Por eso, esta entidad insta "a la Policía Nacional de Filipinas a que haga todo lo posible por localizar a los acusados para que los procedimientos legales puedan continuar y tanto los acusados como los agraviados puedan recurrir a los tribunales en busca de justicia".

"La resolución rápida e imparcial de los casos es importante para garantizar la mejora del sistema judicial del país a la hora de responder a los casos de presunta violación de los derechos humanos en la campaña contra las drogas ilegales. Esto sigue siendo primordial en un país democrático como el nuestro y en consonancia con las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos de los ciudadanos y las personas en su territorio", abunda.

Destaca la importancia del "compromiso genuino con la búsqueda de la justicia y los derechos humanos" porque "con esto, Filipinas puede fomentar fácilmente las buenas relaciones con otros Estados y seguir apoyando los acuerdos comerciales preferentes existentes, la ayuda económica y técnica, entre otros, cuando demuestre medidas e iniciativas concretas que aborden las preocupaciones nacionales e internacionales, incluida la situación de los derechos humanos en Filipinas".

La familia del coruñés asesinado en Filipinas lleva meses denunciando la situación, pues el juez filipino encargado del caso decretó el 25 de marzo la detención e ingreso en prisión sin fianza para los tres agentes.

Agrega que el informe detalla que el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda cometieron, supuestamente, el asesinato de Diego Bello el 8 de enero de 2020 en la localidad de General Luna en la isla de Siargao.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó el verano de 2020 que "la policía disparó deliberadamente a matar" a Diego Bello, y la investigación, llevada a cabo entre enero y julio de ese año, puso en duda el argumento esgrimido por el jefe del operativo, Vicente Panuelos, sobre la "legítima defensa".

La policía aseguraba que Bello era un narcotraficante de alto valor que disparó primero a los agentes cuando se dio cuenta de que les había vendido droga en una operación encubierta.

Pero Bello nunca figuró en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico elaborada por el ayuntamiento de la localidad en la que vivía, a pesar de que la policía lo calificó como el narcotraficante más buscado de Siargao, según indica el informe de la Comisión Filipina de Derechos Humanos.

Natural de A Coruña y que tenía 32 años cuando fue asesinado, se instaló en noviembre de 2017 en Siargao, un paraíso de surferos en el sureste de Filipinas, donde abrió varios negocios enfocados al turismo: el hostal White House, la tienda de artículos de surf Mamon y el bar-restaurante La Santa.

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