La proposición de ley que los tres grupos con representación en el Parlamento de Galicia defenderán este martes en el Congreso y en la que se pide la transferencia de la AP-9 superará, salvo sorpresa de última hora, su primer examen en el Congreso de los Diputados, donde después se tendrá que someter todavía a un largo proceso de tramitación.
Tanto el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, como el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, han avanzado el sí de sus representantes en Madrid a esta iniciativa que salió de O Hórreo con unanimidad y que defenderán el propio Caballero; la líder del BNG, Ana Pontón, y el presidente del PP de A Coruña, diputado y vicepresidente primero del Parlamento gallego, Diego Calvo.
La admisión a trámite de esta iniciativa ya se votó a finales del año 2018 y salió adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas que entonces formaban parte del Congreso de los Diputados salvo Cs, que se abstuvo. Su tramitación decayó poco después con la convocatoria de las generales y la presencia de Vox sugiere que no habrá una postura favorable unánime, pero —ya avanzada la postura de populares y socialistas— la iniciativa saldrá adelante.
Puy asegura que el traspaso permitiría "mejorar" el servicio y realizar una gestión más pegada al territorio
POPULARES. "Contamos con la garantía de voto favorable del PP en el Congreso", anticipó Puy este lunes, antes de poner el foco en los aspectos "de fondo". Al respecto, ha esgrimido que no se trata de una transferencia "fácil" dado que la "propia inercia" de la Administración general del Estado dificulta cada paso.
Más allá, ha puesto el foco en la necesidad de que el Gobierno "cumpla" y acometa la comprometida rebaja de peajes de una infraestructura estratégica para Galicia. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que el traspaso de la titularidad de la vía permitiría "mejorar" el servicio que se presta y realizar una gestión más pegada al territorio —discurre íntegramente por la comunidad—.
BLOQUE. Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, espera que la aprobación de la ley en el Congreso de este martes sea "la definitiva" y que la transferencia "se pueda hacer efectiva de una manera lo más rápida posible".
"La primera vez que el BNG lo propuso en el Parlamento de Galicia fue en 2016. Estamos en 2021 y esperamos que, después de tanto pelear por esta cuestión, por fin podamos tener una AP-9 gallega", ha resumido en una rueda de prensa ofrecida este lunes.
Pontón confía en que la votación sea el primer paso para rebajar unos peajes que considera un "auténtico abuso"
Además, Ana Pontón confía en que la votación en la Cámara baja sea "el primer paso" para acabar con unos peajes que considera "un auténtico abuso". "Insisto, espero que todo se haga con la máxima celeridad, que podamos pasar página ya y que la gestión desde Galicia sirva para acabar con lo que consideramos un auténtico agravio", subrayó.
PSDEG. A su vez, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha censurado que no acuda al Congreso el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a "reconocer" que será un Gobierno socialista el que "cede" el traspaso de la AP-9 y el que facilitará la "rebaja" de peajes.
Frente a la "muy lesiva" decisión popular de "prorrogar la concesión de la autopista hasta 2048", Caballero ha anticipado que el PSOE respaldará en el Congreso la toma en consideración de esta iniciativa que se impulsó por unanimidad en Galicia.
Caballero pone en valor que se den estos pasos con un Gobierno socialista
Al tiempo, ha remarcado que se bajarán los peajes y ha pedido "corresponsabilidad" a "todas las fuerzas, incluso a las que votaron en contra de los Presupuestos Generales del Estado" (en velada alusión al BNG), y que "reconozcan" que estos pasos se dan "con un Gobierno progresista" que preside el socialista Pedro Sánchez.
UNIDAS PODEMOS. Por su parte, el diputado Antón Gómez Reino envió un comunicado en la víspera del debate en el que ratifica que Unidas Podemos votará a favor de la ley y reitera que las tres premisas por las que pelean para la AP-9 es porque sea "pública, gratuita y gallega". A su modo de ver, el traspaso debe ser "un primer paso" para que "se ponga fin al espolio de Audasa" y se recupere "la gestión cien por cien pública" de la vía.
"Es insostenible que atravesar nuestro país de norte a sur por la AP-9, que es la arteria vial que vertebra socioeconómicamente Galicia por el corredor atlántico, de Ferrol a Tui, tenga un precio de 22,30 euros por trayecto para un turismo", ha remarcado.
Unidas Podemos reivindica una autopista "pública, gratuita y gallega"
"Este precio desmesurado es el resultado de haber entregado una infraestructura pública a la gestión privada y, después, ampliar y prorrogar hasta dos veces la concesión: primero Felipe González hasta 2023, y el PP de José María Aznar hasta 2048, autorizando la subida de los peajes dun 1% anual hasta el fin de la concesión", ha reprobado.
Un veto levantado por el nuevo Gobierno del PSOE, tras la investidura de Pedro Sánchez en 2018, que permitió su debate ante el pleno en diciembre de ese año. En esa votación, la iniciativa obtuvo el apoyo de todas las formaciones del Congreso, a excepción de Cs, que optó por abstenerse.
Sin embargo, la disolución anticipada de las Cortes, por la convocatoria anticipada de elecciones apenas unos meses después dio al traste con su tramitación.
¿Qué quedaría en manos de Galicia?
Una vez hecho el traspaso, la comunidad gallega tendría encomendada la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptación o reformas de la autopista; la supervisión e inspección de su correcto funcionamiento; la potestad sancionadora respecto de incumplimientos de la concesionaria con respecto a la explotación; las modificaciones que afectan al régimen económico-financiero de la concesión, supresión de tarifas y peajes, así como programas de descuento y la redacción de convenios o adendas relativos al régimen de concesión actual.
Por su parte, el Estado, según el texto aprobado por el Parlamento gallego, "conservará a su cargo, respecto de la sociedad concesionaria de la autopista, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que fuesen motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que tuvo la competencia".
