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Investigan si hubo tráfico de influencias del gobierno del PP en A Coruña

Carlos Negreira, en primer plano
Carlos Negreira, en primer plano
Los agentes de la Udef requisaron dos contratos del servicio de bibliotecas firmados en la época del anterior ejecutivo local

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional han requerido este miércoles al Ayuntamiento de A Coruña contratos de la etapa del anterior gobierno del PP, entre los años 2011 y 2015, en el marco de la investigación por un presunto delito de tráfico de influencias.

Los agentes han acudido, por orden del juzgado de instrucción número uno de A Coruña, al Palacio de María Pita, sede principal del Consistorio, y en la Casa Paredes, donde se encuentra la Concejalía de Cultura.

Según han detallado a Efe fuentes municipales, han solicitado una serie de contratos vinculados al departamento de Cultura que corresponden al Gobierno anterior, en concreto a la primera mitad del mandato del PP, que estuvo en la Alcaldía entre 2011 y 2015.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) han aclarado que se trata de un "requerimiento de documentación, no un registro" en una causa que está bajo secreto de sumario.

La investigación se realiza, según han desvelado fuentes cercanas al caso, por un presunto delito de tráfico de influencias, pues un denunciante ha pedido que se analice si el Ejecutivo del PP cambió los criterios de un concurso para que lo ganase una empresa determinada.

Uno de los contratos pedidos, según fuentes de la Marea Atlántica, es la concesión de las bibliotecas a la empresa Eulen, que se licitó en su día por valor de 2,3 millones de euros. El otro también estaría vinculado al servicio de bibliotecas, en concreto con el Ágora, un centro sociocultural que se vio salpicado por la operación Pokemon, instruida en Lugo, que tiene sesenta investigados relacionados con el Ayuntamiento, con especial incidencia en el área de Cultura.

REACCIONES. El grupo municipal del PP ha preferido  abstenerse de comentar este caso porque dice desconocer de dónde proviene la denuncia y sus motivos. Por su parte, el grupo municipal del BNG ha asegurado que ya denunció en 2012 posibles irregularidades en los contratos que ha requerido este miércoles el juzgado al Ayuntamiento herculino.

Según los nacionalistas, la anterior concesionaria, LTM servicios bibliotecarios, una empresa coruñesa, presentó un recurso que fue desestimado "en base a un informe en que se admitían las contradicciones entre informes, errores de cálculo, etcétera".

Considera que "la adjudicación final" se hizo "bajo criterios subjetivos en detrimento de una pequeña empresa coruñesa especializada en el sector y beneficiando a una multinacional de la que era y sigue siendo responsable en Galicia la hermana del señor Feijóo", sostiene en referencia al presidente de la Xunta.

El grupo municipal de la Marea Atlántica en A Coruña, que gestiona el Ejecutivo local, ha lamentado que la ciudad "vuelva a ser relacionada con la corrupción por la gestión del anterior Gobierno" del PP.

"Es chocante que el PP insista en presentarse a sí mismo como un ejemplo de buena gestión" cuando "su legado presenta enormes sombras que hablan de redes de colocación de amistades o de contrataciones dudosas, que en muchos casos convirtieron a su gobierno en una lamentable fila de imputaciones y sospechas", ha alegado en un comunicado que considera a la operación Pokemon "su triste emblema".

Tras citar los "lastres de la gestión del PP", la Marea cree que "es tiempo de que aquellos que utilizaron las instituciones para fines irregulares se aparten de la vida pública. Es tiempo de que el Partido Popular dé explicaciones, si las tiene. Es tiempo de tolerancia cero con la corrupción", termina.

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