Galicia ha registrado 1.354 demandas de ruptura matrimonial (separaciones y divorcios) en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 55,3% respecto al mismo periodo de 2020 que, afectado por la crisis sanitaria, presentó la cifra históricamente más baja de demandas de ruptura matrimonial (872). En cambio, si los datos del presente año se comparan con el periodo anterior a la pandemia de covid-19 —con el segundo trimestre de 2019—, las demandas de 2021 disminuyen en un 8% respecto a la misma etapa de 2019, cuando se presentaron 1.471 demandas.
Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y de los que se ha hecho eco el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el conjunto del Estado, el número total de demandas de ruptura matrimonial presentadas entre abril y junio de este año fue de 26.752, un 6% menos que en 2019 y un 62,2 % más que en 2020.
Si se relacionan las rupturas con la población a 1 de enero de 2021, se observa que por cada 100.000 habitantes en Galicia se contabilizaron, en el periodo estudiado, 50,3 demandas, frente a las 56,5 de media estatal.
En la comunidad y respecto a 2019, los datos muestran que se han reducido tanto los divorcios consensuados (de 840 a 804, un 4,3%) como los no pactados (de 576 a 507, un 12 %). Respecto a las separaciones de mutuo acuerdo, han pasado de 39, en 2019, a 31 en el segundo trimestre de este año, cuando se registraron 12 no consensuadas, frente a las 16 de 2019. En este periodo no se registró ninguna petición de nulidad matrimonial.
Por otra parte, entre el 1 de abril y el 30 de junio se iniciaron 183 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 4,6 % más que en el mismo periodo de 2019 (175). En el segundo trimestre de 2019 y de 2021 se registraron las mismas demandas de modificación de medidas no consensuadas (477).
En lo que respecta a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 354 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 264 del segundo trimestre de 2019, lo que supone un aumento del 34 %; y 350 demandas de modificación de medidas no consensuadas, prácticamente las mismas que en 2019, cuando se contabilizaron 356.
