Un total de 16 locales de ocio nocturno de Galicia, todos ellos concentradas en la ciudad de A Coruña y en la localidad turística pontevedresa de Sanxenxo, fueron registrados el jueves en una macrooperación contra el fraude fiscal y las ventas en negro. La trama se extiende por once comunidades, y en ella participan más de 500 agentes y funcionarios de la Agencia Tributaria para inspeccionar 110 sociedades propietarias de 87 salas y pubs de gran tamaño.
De hecho, por su magnitud, los medios destinados y la complejidad logística y organizativa, se trata de la mayor operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida realizada hasta la fecha por la Agencia Tributaria. Sirva como ejemplo que en conjunto, las sociedades inspeccionadas representan más del 20% de la facturación del sector del ocio nocturno en el conjunto de España.
Los registros, que se iniciaron a primera hora del jueves, tras el cierre de los locales, fueron concluyendo a lo largo del día de ayer, en una operación de carácter administrativo con la que se inicia el proceso de inspección propiamente dicho, del que podrán derivarse o no arrestos en los próximos días. A media tarde de ayer se habían abierto procesos sobre 14 personas vinculadas al sector.
CONTABILIDAD PARALELA. Fruto de estos registros, los funcionarios de la Agencia Tributaria, que comenzaron las primeras tareas de investigación a principios de año, encontraron software de doble uso que permite ocultar parte de los ingresos percibidos y llevar una contabilidad paralela, así como grandes cantidades de dinero negro, según informó el propio organismo. En concreto, los agentes cifraron la cantidad en unos cinco millones de euros, aunque no fueron requisados, sino solo contabilizados.
Los investigadores buscaban acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de los datos, así como al estudio de la recaudación del día y al funcionamiento de los sistemas informáticos de emisión de tiques, facturación y caja.
PRIMERAS SOSPECHAS. La investigación previa al lanzamiento de la operación Chopin, como se bautizó este macrooperativo, arrancó a comienzos del presente año con la detección de un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades ahora inspeccionadas que resultaba "anormalmente alto" —de hasta más del 76% en alguno de los casos— para un sector en el que, por sus características, prima claramente el pago en efectivo. Tras esta primera evaluación de riesgos fiscales, el departamento de inspección detectó que el conjunto de las empresas afectadas por la operación estaba declarando un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la Agencia Tributaria.
Esta situación ya alertó sobre la posible existencia de un "gran circuito paralelo de efectivo" que no se estaba declarando. Sin embargo, los investigadores realizron un análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales, el precio de las entradas y las consumiciones que les reveló las sustanciales diferencias entre la actividad declarada y la que de verdad estaba teniendo lugar en las salas.
Además, la observación concienzuda de los locales por parte de los agentes permitió en diversos casos detectar una irregularidad formal muy extendida: la venta previa de consumiciones que posteriormente se eliminaban en barra. Los locales vendían el tique al cliente por medios no susceptibles de control y, posteriormente, dejaban sin documentar la venta de la consumición.
UN AVISO AL SECTOR. A través de actuaciones como esta, la Agencia Tributaria pretende transmitir a los sectores involucrados en estas prácticas un mensaje "disuasorio", para que, en su caso, las reconduzcan hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias. De esta forma, el organismo pretende que la necesidad de detectar y regularizar el fraude fiscal en este tipo de prácticas se vea reducida.
Sin embargo, los empresarios de la noche no comparten al cien por cien la filosofía de este tipo de operativos. Así, desde la Federación Gallega de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas reconocen que la Chopin "va a infundir miedo y un impacto social, que es lo que estas autoridades buscan". Así de contundente fue el presidente del colectivo, el pontevedrés Samuel Pousada, que cree que el resultado efectivo de este tipo de registros "no sirve para mucho".
Evidentemente, Pousada comparte esta lucha contra el fraude, pero reclama que se haga "de manera equitativa, porque generalmente siempre que pasa algo en España se menciona a las discotecasy salas de fiesta", y no a otro sectores, como el de la hostelería. "Ya estamos cansados", zanjó.
