La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) reducirá el canon que pagan los 295 ayuntamientos adscritos a su sistema de tratamiento de residuos el año que viene, siguiendo la línea de los últimos ejercicios y en contraposición con la tendencia inflacionista de la mayoría de ámbitos que afectan al bolsillo de las familias. La idea sería bajar esa tarifa que pagan los concellos por tonelada de basura una media del 5% sobre el precio de este año, lo que dejará el canon en 66 euros/tonelada, frente a los casi 70 —69,48— que se abonan actualmente.
Esta medida se suma al mantenimiento de la bonificación del 10% que ya lleva aplicando Sogama durante los tres últimos ejercicios a aquellos entes locales que cumplan con dos requisitos establecidos: promover la reducción de la generación de residuos y el reciclaje de los envases ligeros —bolsa amarilla—; y trasladar esta rebaja a los recibos de los ciudadanos. En este caso, el canon se situará en 59,40 euros/tonelada. Y, adicionalmente, tampoco se aplicará el IPC, estimado en un 5%.
Así que, en conjunto, el paquete de rebajas tarifarias de Sogama podría alcanzar el 20%, lo que se traduciría en un ahorro de 9 millones de euros para la mayoría de hogares gallegos.
SUBIDA ESTATAL. A través de esta filosofía, la Xunta pretende compensar el impacto económico negativo que supondrá para los bolsillos de las familias el conjunto de impuestos contemplados en el anteproyecto de la ley estatal de residuos y que gravan, entre otros, el depósito de desechos en vertedero y la incineración.
De salir adelante, el texto del Gobierno central contempla una penalización al vertido que ascenderá a 30 euros/tonelada; y a la valorización energética, a 10 euros/tonelada, que regirá para aquellas plantas que, como Sogama, están certificadas con la denominada R1, que acredita el cumplimiento de determinados estándares de eficiencia. La buena evolución de la compañía gallega en los últimos años, tanto en términos industriales como ambientales, económicos y sociales, le permite ahora hacer este esfuerzo para amortiguar el impacto económico que estos impuestos estatales tendrán sobre la economía de los gallegos.
«Mientras el Gobierno central crea nuevos impuestos para la gestión y tratamiento de residuos con fines recaudatorios, la Xunta los baja», argumentan.
Nuevas instalaciones para materia orgánica
Sogama apoyará a los concellos en su obligación de implantar el llamado quinto contenedor, el marrón, donde irán los residuos para compostar
El canon de Sogama, hasta ahora el más barato de Galicia, pasará también a ser el más barato de España con la nueva rebaja. Y eso a pesar de que la empresa tiene bajo su gestión una potente infraestructura industrial conformada por 37 plantas de transferencia, un complejo medioambiental situado en Cerceda y con capacidad para 1.000.000 de toneladas anuales y un vertedero de cola destinado a acoger aquella parte de la basura que no se pueda reciclar ni valorizar energéticamente.
Además, la sociedad pondrá en marcha una red de instalaciones que tendrá por objeto la valorización de la materia orgánica. Incluirá cuatro plantas de biorresiduos —las de Cervo, Vilanova de Arousa y Verín se sumarán a la ya operativa en Cerceda—, apoyadas por trece plantas de transferencia que serán transformadas o adaptadas para trasvasar la materia orgánica recogida de forma diferenciada a través del quinto contenedor, el marrón, convirtiéndola en compost, un abono natural de alta calidad empleado para la agricultura y la jardinería.
Con esta iniciativa, la Xunta pretende ayudar a los concellos a cumplir sus obligaciones legales, ya que ellos tienen las competencias y deben implantar la recogida selectiva de esa basura orgánica antes del 31 de diciembre de 2023. La previsión es que la infraestructura vinculada al tratamiento de la materia orgánica entre en funcionamiento a finales de 2022.
Sogama destinará a este plan de acción 38 millones, de los cuales 30 estarán financiados a través de los Fondos Feder como respuesta de la UE a la crisis del covid-19.
Así, las inversiones realizadas por Sogama en el período 2017-2022 ascienden a más de 90 millones y tienen por objeto optimizar el servicio que presta a más de 2.240.000 gallegos a través de instalaciones punteras que incorporan las últimas tecnologías disponibles; con la promoción del ferrocarril como medio preferente para el transporte de residuos; y con la incorporación de todas aquellas medidas que le permitan compatibilizar en cada momento la actividad industrial con la protección del medio ambiente y la salud pública.
