El juicio por el caso Muralla, previsto para esta semana, quedó aplazado como consecuencia del internamiento en un centro hospitalario de uno de los imputados, el anterior presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo.
La vista estaba anunciada para los días 17, 18 y 19 de septiembre. Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo recibió un certificado médico, que acredita que Cacharro Pardo está hospitalizado. Por eso, este lunes se acordó la suspensión, sin fijar, por el momento, nueva fecha, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Junto a Cacharro Pardo, están imputados José Manuel Romay López, el que fuera ingeniero jefe del servicio de Vías Obras de la Diputación de Lugo entre los años 1982 y 2005, y José Enrique Cacicedo, socio de la empresa que fundó el primero y que, supuestamente, se benefició de la adjudicación de decenas de contratos de la institución provincial.
El ministerio fiscal les imputa a los tres un delito continuado de prevaricación y otro de fraude a la Administración o, alternativamente, de negociaciones prohibidas a funcionarios. El ministerio público solicita por el delito de prevaricación una pena de diez años de inhabilitación, así como tres años de prisión y otros diez de inhabilitación por fraude a la Administración. En caso de que el juzgado estimase que lo que hubo fueron negociaciones prohibidas a funcionarios, pide por ese delito cuatro años de inhabilitación y una multa de 108.000 euros.
El caso Muralla se puso en marcha con una operación dirigida por el entonces fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, el 18 de mayo de 2006.
