Un técnico declara que se decidió desconectar el sistema ERTMS del Alvia porque generaba retrasos

Las víctimas consideran que su testimonio avala que la decisión se tomó únicamente por "motivos económicos y comerciales", aunque produjo "una merma en la seguridad"

 

Protesta de las víctimas del Alvia. AEP
photo_camera Protesta de las víctimas del Alvia. AEP

El sistema europeo ERTMS, que genera el frenado automático de los trenes en casos de exceso de velocidad, fue desconectado en el Alvia 04155 meses antes de que descarrilase en Angrois y murieran ochenta pasajeros, debido a "anomalías" que causaban "retrasos", aunque estas no afectaban a la seguridad, según relató este viernes un técnico de la empresa Bombardier —que suministraba el software a bordo del tren— ante el titular del juzgado que investiga el accidente ferroviario de julio de 2013.

Este experto declaró ante el juez Andrés Lago Louro después de que compareciese otro técnico que trabajó para la UTE (unión temporal de empresas) compuesta por Thales y Dimetronic, las empresas que efectuaron un análisis de riesgos que llegó, según declararon varios testigos en los pasados meses, hasta un punto justo anterior al barrio de Angrois, donde descarriló el ferrocarril. Su testimonio, en cualquier caso, fue poco relevante, pues indicó que hace tiempo que no trabaja en la misma compañía y que no le dio tiempo a revisar la documentación correspondiente.

También declara en el juzgado del caso Alvia un extrabajador de la UTE que aportó "poco" al no recordar datos 

Por su parte, la intervención del técnico de Bombardier, que también duró en torno a una hora, fue "más interesante", según las fuentes consultadas, ya que comentó que las "anomalías" que fueron detectadas, retrasos derivados de un tramo marcado a 100 kilómetros por hora por el que el sistema hacía ir a 75, no implicaban ninguna afección a la seguridad. Es más, según las fuentes consultadas, de su exposición se deduce que la seguridad era "incluso excesiva" en la línea debido a estas interferencias, para las que, además, Bombardier propuso soluciones alternativas al tener constancia de la desconexión, un mes después. 

Los expertos coinciden en que de haber estado instalado el ERTMS embarcado (pese a carecer de él la línea en los últimos kilómetros tras el cambio de proyecto original) el accidente se podría haber evitado, puesto que el maquinista se vería obligado a pulsar un botón que le advertiría del punto en el que se encontraba.

El pasado martes, dos responsables de Renfe alegaron ante el magistrado que la empresa dio formación a los maquinistas después de que un jefe de estos profesionales alertase de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, donde se produjo el siniestro, en la que era necesario disminuir la velocidad de unos 200 a unos 80 kilómetros por hora. 

El segundo cargo de Adif investigado, citado el 12 de septiembre, y los peritos de parte el 13 y el 14 

MERMA DE LA SEGURIDAD. Por su parte, el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha valorado que la declaración del representante de Bombardier muestra que la desconexión se debió a "motivos económicos y comerciales", debido a los retrasos que implicaban las interferencias del 'software'. En este sentido, ha opinado que esta decisión implicó una merma de la seguridad. Entre otras cuestiones, la Agencia Ferroviaria Europea dispuso que este cambio fue "significativo" e implicó un riesgo que debería haber sido evaluado. 

Junto al maquinista están investigados dos altos cargos de Adif, uno de Renfe (responsables en las áreas de seguridad) y tres técnicos de la consultora pública Ineco, encargada de realizar el análisis de riesgo independiente.

El juez pretende enfilar el final de la instrucción a la vuelta del verano, aunque algunas partes quieren más diligencias 

PRÓXIMAS DECLARACIONES. Uno de ellos, el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón Sartal, ha sido citado por el juez Andrés Lago para el próximo 12 de septiembre a las 9.00 horas. Ese mismo día, pero a las 10.00 horas y en calidad de testigo, deberá comparecer uno de los técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) de Thales y Dimetronic, la que suministró la tecnología de seguridad de la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro. 

Así las cosas, a la vuelta del verano terminará el instructor del caso las declaraciones que tuvieron que ser suspendidas por la huelga de empleados públicos de la justicia gallega. Debido a que estará de vacaciones durante el mes de julio, el juez propuso informalmente a las partes retomar las comparecencias en agosto, pero este mes, habitualmente inhábil en justicia, fue descartado. Respecto al término de la instrucción, algunas de las partes personadas quieren que se realicen más diligencias, como varios abogados que representan a las víctimas del siniestro y también la defensa del maquinista Francisco Garzón, uno de los imputados por la tragedia.

Comentarios