Un total de 6.073 mujeres sufrieron violencia de género en Galicia en 2020

La pandemia redujo un 36% las investigaciones de Fiscalía en medio ambiente, aunque se duplican las de maltrato animal
Protesta contra la violencia de género. EUROPA PRESS
photo_camera Protesta contra la violencia de género. EUROPA PRESS

Un total de 6.073 mujeres sufrieron violencia de género en Galicia en 2020, un 1,27% más que el año anterior, según reflejan las estadísticas de los órganos judiciales recogidas en la memoria de la Fiscalía Superior de la comunidad gallega.  En su informe anual, que fue entregado al Parlamento este lunes por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, el Ministerio Fiscal recoge el balance de víctimas de violencia de género según figura en las denuncias presentadas en 2020, un año en el que se produjeron tres crímenes machistas. 

Estas cifras apuntan un aumento del 1,27% respecto al año 2019, que se traduce en 76 mujeres más que sufrieron violencia machista. En total, las estadísticas oficiales sitúan en 6.073 las víctimas de violencia machista en Galicia, el 4,17% del total de España. 

Las cifras oficiales apuntan que casi el 2% de la población extrajera femenina en Galicia padece violencia de género 

En cuanto a su distribución por nacionalidad, un 80,8% (4.912) son españolas y el 19,12% (1.161), extranjeras. Con todo, las cifras oficiales apuntan que casi el 2% de la población extrajera femenina en Galicia sufre violencia de género, un porcentaje que se rebaja al 0,37% entre las mujeres de nacionalidad española.  Así las cosas, Fiscalía resalta este último dato como muestra de que el número de casos de violencia de género entre la población extranjera es 18,59 veces mayor en términos relativos en comparativa con las mujeres de nacionalidad española.

CAÍDA DEL 40% EN SENTENCIAS EMITIDAS. El año de la pandemia, que supuso una ralentización en los procedimientos judiciales que afectó también al trabajo de Fiscalía, concluyó con una bajada de más del 40% de las sentencias emitidas en el área de violencia de género en comparación con 2019. De este modo, el año 2020 finalizó con 1.107 sentencias (tanto condenatorias como absolutorias), casi 900 menos que en el ejercicio anterior. De estas, 805 fueron condenatorias (42% menos), de las cuales, 254 fueron sin conformidad y 451 por conformidad. Las 302 restantes fueron absoluciones. 

Otro de los aspectos que destacan del informe de Fiscalía en el apartado de violencia de género es el aumento de casi el 84% en las renuncias a continuar con el proceso judicial. Fueron un total de 672, la mayoría adoptadas por mujeres de nacionalidad española (casi el 76%). 

Bajan un 60% las investigaciones por delitos de incendio

El año 2020, marcado por la pandemia de covid-19, concluyó con una disminución del 36% en el número de investigaciones abiertas por Fiscalía en Galicia relacionadas con delitos del área de medio ambiente y urbanismo. 
Según refleja la memoria anual del Ministerio Público, se redujeron los diligencias de investigación penal en todas las subáreas en las que se divide el apartado de Medio Ambiente y Urbanismo, salvo en maltrato animal

Y es que los casos de maltrato animal llegados a Fiscalía se duplicaron en comparación con el año anterior. Fueron un total de 22 por los 11 de 2019, lo que contrasta con la disminución de las investigaciones en el resto de subáreas. 

La caída fue generalizada en las subáreas de Medio Ambiente y Urbanismo y llega hasta el 77% en patrimonio histórico (de 22 a 5 en 2020) o de casi el 60% en los delitos de incendios forestales (de 32 a 13). 

En cuanto a los casos de flora y fauna, la bajada interanual es del 41% (de 29 a 17) y en ordenación del territorio y urbanismo, el subárea que más casos atiende, llega hasta el 35% (de 78 a 121), similar a la de medio ambiente, del 33,33% (de 57 a 38). 

"Más presupuesto público y más gasto privado" para mejorar las residencias

La Fiscalía receta "más presupuesto público y más gasto privado" como vías para mejorar la calidad de las residencias de mayores tras las carencias reveladas por una crisis sanitaria que dejó en una situación de "desamparo" a los ancianos usuarios de geriátricos, concebidos más como "hoteles" que como centros sociosanitarios. 

Así figura en la memoria anual del año 2020, que se detiene en los efectos de la pandemia durante el primer año de la crisis sanitaria, 2020, en el que Fiscalía tramitó en Galicia nueve diligencias de investigación penal y cuatro preprocesulaes civiles, la mayoría vinculadas a centros de mayores. 

Advierte en su memoria anual del "desamparo" sufrido por los mayores en las residencias durante la pandemia

El Ministerio Público recuerda en su memoria que, hasta el 31 de diciembre del 2020, la pandemia había causado 571 fallecidos en las residencias, el 41% del total en Galicia. De estas, casi la mitad (43%) se produjeron en cuatro centros, tres del grupo DomusVi (Santiago, Barreiro-Vigo y Aldán-Pontevedra) y el A Nosa Señora da Esperanza de Ourense.  Por tanto, subraya como necesario acometer una reforma del modelo residencial para mayores en el Estado y en Galicia para mejorar su calidad, algo que pasa por un incremento de la inversión, tanto pública como privada. 

"La calidad hay que mejorarla, pero tenemos que asumir que hay que pagarla", añade Fiscalía, que remarca en sus conclusiones sobre el pasado año que la pandemia "afectó de forma especialmente cruel" a las personas con discapacidad y a los mayores, ya que evidenció la "nula existencia" de protocolos de urgencia para episodios de salud pública. 

Además, también echa en falta mayor coordinación entre Estado y comunidades autónomas, a las que apela a revisar sus conexiones de cara al futuro, al tiempo que censura la situación de aislamiento que padecieron los usuarios de residencias a la hora de relacionarse con sus familias y allegados. "Es una cuestión que la ciudadanía no entiende, la situación de desamparo en que se vieron las personas mayores en las residencias y sin poder tener relación con sus familiares, a los cuales se les daba la posibilidad de acceder a ver a sus parientes, evidentemente por razones de salud, pero quizás sería procedente acordar un protocolo o una normativa general para toda España sobre criterios básicos", concluye. 

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