La jueza que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, investiga un contrato entre un promotor inmobiliario y un asesor en materia de urbanismo del Ayuntamiento de Lugo para la recalificación de unos terrenos en Fingoi.
Este "encargo de intervención profesional" figura en la parte del sumario del caso Pokemon cuyo secreto fue levantado este viernes, y al que tuvo acceso Europa Press.
En virtud de este contrato, suscrito en 2005 para la recalificación de las parcelas 12 y 13 del Polígono de Fingoi, el propietario del terreno se comprometía a pagar un total de 90.151,82 euros "en concepto de honorarios" al abogado y asesor municipal Justo Díaz.
Según ese acuerdo, esa cantidad habría de abonarse "en el plazo máximo de una semana desde la fecha de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Lugo" siempre y cuando "a dichos terrenos les sea de aplicación la Ordenanza de Edificación Abierta".
Eso sí, en caso de que dichos terrenos no figurasen en la aprobación definitiva del PGOU, este letrado debería devolver esos fondos también en el plazo de semana.
Estas parcelas se ubican en la calle Pintor Corredoira, en la esquina con la calle Armorica, y conforman una superficie de más de 1.900 metros cuadrados. Inicialmente fueron recalificadas, pero posteriormente se anuló esta decisión.
Entre los usos a los que se destinaría la parcela una vez recalificada están, de forma específica, el residencial colectivo. Este solar, que llegó a acoger una discoteca (Valentino), podría albergar aparcamientos, residencias comunitarias, establecimientos hoteleros, oficinas, servicios terciarios, equipamiento educativo, cultural y de bienestar social, centros religiosos y servicios de la administración.
MATIZACIÓN
El gobierno local matizó por la tarde que la persona a la que se refiere el informe no es un asesor, sino un funcionario desde hace muchos años y que "no se produjo tal recalificación irregular".
