La oficina de información a afectados por el posible robo de bebés ha recibido peticiones de 476 personas una vez transcurrido un año desde su creación por el Ministerio de Justicia, plazo en el que en Galicia ha registrado once expedientes, informa este departamento.
Estas personas han recurrido a este servicio para solicitar documentación registral a disposición de la Administración, como expedientes sanitarios y datos registrales, que pueda ayudar a aclarar sus casos.
La directora de este servicio, Carmen de Troya, explica en un comunicado que "la casuística registrada es muy amplia" y que se ha atendido a "personas que sospechan que sus bebés fueron sustraídos o vendidos y a otras que dudan de la legalidad de sus adopciones pero curiosamente una gran parte de los que han acudido simplemente querían conocer sus orígenes biológicos, saber quiénes eran sus padres o sus hermanos y nada más".
Al acceder a este servicio los interesados prestan el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los datos relativos al nacimiento o parto y que así se pueda proceder a un cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios.
Con los datos facilitados por los afectados la oficina ha remitido durante este año un total de 503 oficios a las distintas administraciones e instituciones públicas que pudieran tener algún antecedente sobre el caso.
De estos, 210 se dirigieron al Ministerio de Sanidad, 130 a cementerios, 118 al Registro Civil y los 45 restantes a fiscalías, diputaciones, ayuntamientos, archidiócesis y otras entidades y más de la mitad recibió contestación.
La colaboración del Ministerio del Interior ha permitido que las oficinas de denuncia y atención al ciudadano desplegadas en todo el territorio nacional hayan sido uno de los principales cauces utilizados por los afectados para la presentación de expedientes.
Otro servicio que ofrece la oficina es la inscripción de forma gratuita del perfil genético del afectado -realizado tanto en laboratorio público como privado con las debidas garantías- en una base de datos única centralizada en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Este instituto valida técnicamente los informes genéticos recabados, comprobando que cumplen los requerimientos científicos mínimos para garantizar la máxima calidad pericial.
En total, 213 perfiles genéticos han sido aportados por los afectados en este primer año aunque por el momento no ha habido indicios de compatibilidad ya que se trata de una base de datos aún pequeña.
Carmen de Troya hace un llamamiento a los posibles afectados para que depositen su perfil genético en esta base para aumentar las posibilidades de obtener coincidencias.
Si con el incremento de perfiles genéticos a lo largo de los próximos años aparecieran indicios de una compatibilidad, para poder emitir un informe definitivo el Instituto de Toxicología requeriría a las personas afectadas una nueva toma de muestras de referencia para contrastar los resultados.
Según el lugar de nacimiento del posible recién nacido sustraído, la Comunidad de Madrid, con 162 casos, es la que registra el mayor índice de expedientes dados de alta en este servicio de información, seguida de Cataluña (31), Canarias (23) y Andalucía (18). Asturias, La Rioja y Navarra, así como las ciudades autónomas Ceuta y Melilla no han registrado ningún caso en este primer año de funcionamiento de la oficina de bebés robados.
En cuanto al resto de comunidades se registraron cinco expedientes de Aragón, ocho de Baleares, 16 de Cantabria, nueve de Castilla-La Mancha, seis de Castilla y León, 15 de la Comunidad Valenciana, uno de Extremadura, 11 de Galicia, otros tantos del País Vasco y uno de Murcia.
