Los sindicatos SPJ-USO, FeSP UGT y CC OO, con una representación de un 45,6 % de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia, han firmado este miércoles la oferta del Gobierno gallego que el jueves será aprobada en el Consello da Xunta.
Tras 106 días naturales consecutivos de huelga indefinida, el director general de Justicia de la Xunta, Juan José Martín, ha rubricado con Julio Bouza (SPJ-USO), Manuel González Carvajal (FeSP UGT) y Tino Novoa (CCOO) el acuerdo que planteó el Gobierno gallego el 18 de abril, que el comité de huelga entonces unido rechazó como hicieron el 27 de ese mismo mes los trabajadores en votación.
Martín ha explicado a los medios que la firma de este miércoles sirve para "dar el impulso necesario para que las mejoras que recoge el acuerdo puedan ser implementadas", que de manera inmediata serán las relativas a las sustituciones y amortizaciones.
En junio los trabajadores verán en sus nóminas el aumento salarial, aplicado con efecto retroactivo a mayo; quedarán pendientes de la publicación de una resolución para eliminar los descuentos por bajas por enfermedad (IT) y esperarán al próximo concurso de trasladados, que podría ser este año, para consolidar los 36 refuerzos que acumulan más de tres años.
Así, el Consello de la Xunta aprobará el acuerdo para su publicación en el DOG, con un incremento salarial que será de 140 euros al mes para médicos forenses, 135 euros para gestores, 127 para tramitadores y 122 para cuerpos de auxilio; de los que un 50 % se aplicará este año, un 30 % en 2019 y el 20 % restante en 2020.
Está prevista también la aplicación inmediata de otros aspectos que no estaban recogidos en las reivindicaciones de la huelga, como el aumento salarial de entre cincuenta y cien euros para aquellos que trabajen en juzgados vinculados a la violencia de género o la mejora en las licencias de maternidad y paternidad.
Valora con "satisfacción" el resultado de "un conflicto que se prolongó en el tiempo de manera artificial", con "acuerdo desde finales de febrero" en cuatro de las cinco reivindicaciones, pero un bloqueo del que Martín ha acusado a "otros sindicatos".
La Xunta aclara que aunque esta oferta la ha suscrito una representación de un 45,6 %, ahora en el comité de huelga está representado un 40,8 % —AXG-CUT, STAJ y CIG—, después del abandono de CSIF, que no se ha adherido a la oferta, pero ha dado por desconvocado el paro.
Martín entiende que el acuerdo "no" será tumbado en la vía judicial si lo recurren los sindicatos que no lo han firmado, a los que hace "un llamamiento de responsabilidad por todos los trabajadores de la Administración de Justicia".
En concreto, sostiene que la huelga "está desconvocada" debido a que no existe el término interrupción, por lo que entiende que el comité de huelga no es un interlocutor válido y menos cuando "los cinco puntos" que llevaron a la convocatoria "están pactados" y las discrepancias están en "otra cosa", en referencia a la cláusula de revisión y al plan de recuperación.
Julio Bouza (SPJ-USO) ha apelado a la "responsabilidad" de su sindicato para "tomar una decisión" y "que los trabajadores puedan disfrutar desde ya de las cláusulas" un acuerdo que, no obstante, "no es el mejor del mundo".
Considera que en la oferta "hay bastantes puntos mejorables", pero era necesario abandonar un conflicto antes de dejar "atado" el plan de recuperación y "encaminarlo ya".
Manuel González Carvajal (UGT) ha asegurado que la propuesta cumple "el noventa por ciento de las reivindicaciones iniciales", pues ve cuatro puntos con acuerdo total y una discrepancia en el aspecto económico que prolonga el conflicto "innecesariamente" por "intereses espurios".
Vincula, de hecho, las discrepancias actuales —de la cláusula de revisión y el plan de recuperación— a una comisión de seguimiento, pues piensa que no pueden estar plasmadas en un acuerdo.
Ha demandado un "plan de recuperación consensuado" que "tiene que ser voluntario y tiene que ser para todos los puestos de trabajo" y ha pedido, además, rapidez para incluir las 36 plazas de refuerzos en el próximo concurso de traslados, que afecta a los trabajadores de toda España.
Tino Novoa (CC OO) también ha sostenido que cuatro puntos "están cumplidos al cien por cien" por lo que ve "absolutamente innecesario" prolongar un conflicto en el que está planteada una oferta que "en la empresa privada se habría firmado hace bastante tiempo".
Sobre la carrera profesional, ha considerado que en cuanto empiece la implantación de la nueva oficina judicial, debe ser impulsada.
Tras la firma, la Xunta y los tres sindicatos han constituido la comisión de seguimiento del acuerdo, que servirá para, entre otras cuestiones, revisar cada año que el complemento autonómico transitorio (CAT) no quede por debajo de la media.
