El Valedor do Pobo piensa que el Estado social debe hacerse "a cada momento histórico" que vive

Valora las políticas públicas de la Xunta con un 7 sobre 10. Las quejas presentadas al Valedor en el 2014 aumentaron en un 27,8 por ciento con respecto al año anterior
La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, recibe al Valedor do Pobo, José Julio Fernández, durante la entrega del informe del 2014.
photo_camera La presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, recibe al Valedor do Pobo, José Julio Fernández, durante la entrega del informe del 2014.

El número de quejas al Valedor do Pobo aumentó el pasado año un 27,8 por ciento respecto al año anterior hasta las 24.149, sobre todo por asuntos relacionados con políticas globales de carácter social, ha relatado este miércoles José Julio Fernández, que desempeña este cargo de modo interino.

Fernández ha presentado a los periodistas el informe ordinario de actividad de la institución referido al año 2014, tras entregarle una copia a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, con lo que inicia de este modo su tramitación en la Cámara autonómica.

Este paso hará que su contenido se debata en comisión parlamentaria y que posteriormente el propio Valedor lo presente en el pleno de la Cámara.

El Valedor ha señalado que el número de asuntos derivados de las quejas tramitadas fue de 2.310, un 15 por ciento menos que el año anterior, debido a que muchas quejas se presentaron de modo colectivo, sobre todo en temas de "abusos bancarios" como las cláusulas suelo o los desahucios y también en la situación de la cirugía pediátrica en Ourense, el anterior proyecto de reforma de la ley del aborto y el concurso de traslados de personal docente.

La oficina del Valedor tramitó en 2014, incluidas las quejas, un 30 por ciento más de asuntos respecto al año anterior, hasta los 30.722, lo que ha servido a José Julio Fernández para insistir en la reclamación de más personal ya que la institución está "saturada" y además se le han encomendado nuevas competencias, como la defensa de los derechos de las personas LGTBI.

En su intervención el Valedor ha explicado que en su opinión, sobre 10, las políticas públicas para resolver los distintos problemas que presentan los ciudadanos están en un 7, ya que si bien hubo avances e interés por parte de los poderes públicos el presupuesto para dar solución a esas cuestiones a veces no es suficiente.

En cualquier caso, Fernández ha indicado que el Estado social "no puede crecer de modo ilimitado" sino que debe "adaptarse a cada momento histórico" como el actual en el que el número de demandantes de ayuda crece por la crisis y el reconocimiento de nuevas circunstancias, como la pobreza energética.

En este ámbito, en el que su oficina también ha trabajado en 2014, el Valedor ha destacado las iniciativas puestas en marcha por las administraciones -como el bono social- pero ha reivindicado la mejora de los mecanismos para que puedan acceder a ellas.

Además, ha pedido "colaboración" a las empresas suministradoras porque es "inasumible" que con ganancias de millones de euros corten el suministro en invierno a familias con menores a cargo.

Una cuestión similar ha demandado a las entidades bancarias en el tema de los desahucios, ya que es preciso buscar soluciones porque una familia con menores o personas discapacitadas a cargo no puede ser en ningún caso desahuciada.

Ha destacado la colaboración permanente y fluida con los colectivos antidesahucios y ha asegurado que en los casos en los que ha mediado su oficina no se ha llegado a producir ningún desahucio.

Fernández ha aprovechado la conferencia de prensa para cargar contra la aplicación que algunas entidades bancarias hacen todavía de cláusulas suelo en las hipotecas y la mala relación con su oficina cuando se les ha pedido colaboración, entre ellas, Banco Popular (Banco Pastor), Banco Sabadell (Banco Gallego) y Caja España.

También ha destacado el trabajo desarrollado sobre pobreza infantil, del que ha indicado que están elaborando datos "de calidad" para dimensionar adecuadamente el problema, si bien ha reclamado un aumento de presupuestos de los servicios sociales tanto municipales como autonómicos.

Además, ha reclamado "más agilidad" en la prestación de ayudas como la Risga para evitar situaciones de emergencia social, ya que si existe una demora excesiva no se palía la situación de emergencia que estas ayudas deberían ayudar a combatir.

Ha reconocido una "discrepancia" con la Consellería de Trabajo y Bienestar, que ha limitado al ámbito técnico, ya que el Valedor entiende que tras dos o tres meses sin respuesta a una solicitud habría que considerar la ayuda concedida por silencio administrativo, mientras que el departamento autonómico aduce que tiene que haber resolución, aunque tarde más que ese tiempo.

En cualquier caso ha reconocido el aumento de la partida destinada a este fin por la administración autonómica. También ha defendido la actuación de su oficina en la defensa del gallego y ha considerado una "obligación" de los poderes públicos, pero también de las personas, promover la utilización de la lengua para solucionar "el escenario negativo detectado en las estadísticas".

En su intervención ha destacado el trabajo por propia iniciativa que hace la oficina del Valedor y que en 2014 le llevó a desarrollar 37 quejas de oficio y el inicio de 5 informes extraordinarios, de los que dos ya están finalizados. Se trata de estudios transparencia y buen gobierno, que será presentado próximamente y otro sobre urgencias hospitalarias, elaborado en colaboración con todos los defensores del pueblo del resto de España con conclusiones para todo el Estado.

Este informe también ya ha sido presentado y próximamente se hará una adaptación para cada Comunidad. Además, están en elaboración informes sobre derechos de las personas con diversidad funcional; sobre atención sociosanitaria de personas con enfermedad mental y sobre los derechos de las personas LGTBI en Galicia.

Ha recordado que otra función de su oficina es la elaboración de recomendaciones, sugestiones y recordatorios de deberes legales a las administraciones. Y en este ámbito, ha destacado que la respuesta en general es buena, si bien hay excepciones porque hay 52 administraciones "lentas", entre ellas 42 municipios, a las que se le ha tenido que repetir más de dos veces su obligación legal de colaborar, con la consiguiente advertencia recogida en el Código Penal.

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