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Varios médicos opinan que el caso de Andrea "abrirá los ojos" a la sociedad sobre la muerte digna

El portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín (centro), junto a varios miembros de la plataforma durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Santiago
El portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín (centro), junto a varios miembros de la plataforma durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Santiago
Desde la plataforma SOS Sanidade Pública argumentan que hay "derechos que deben cumplirse" en lo que respecta "a las personas en fase terminal y sometidas a un sufrimiento insoportable"

Médicos integrados en la plataforma SOS Sanidade Pública están convencidos de que el caso de Andrea, la niña de 12 años con una enfermedad rara e irreversible para la que se pidió una muerte digna, servirá para abrir los ojos a la sociedad, que ya ha visto que hay "derechos que deben cumplirse".

Manuel Martín, portavoz de esta organización, integrada por más de catorce agrupaciones, entre ellas colectivos de enfermos y sindicatos, ha hecho esta consideración en un acto celebrado este miércoles en Santiago en el que se ha analizado la gestión del problema de esta menor, tanto por parte de los servicios sanitarios como de la Administración autonómica.

Martín ha denunciado la "vulneración de la legislación gallega y estatal" en lo que respecta "a la atención sanitaria de las personas en fase terminal y sometidas a un sufrimiento insoportable", como ha ocurrido, ha dicho, con esta paciente.

La pequeña, de 12 años, toda vez que ya se le ha retirado la alimentación artificial, está tranquila y continúa bajo sedación, la cual irá en aumento a medida que se produzca el deterioro de sus funciones orgánicas, ha informado a Efe el abogado de la familia, Sergio Campos, que ha señalado que los padres de la chiquilla, Estela Ordóñez y Antonio Lago, han pedido intimidad para poder despedirse de su hija mayor en la recta final de su vida.

Manuel Martín ha lamentado esta tarde que los progenitores de esta pequeña hayan tenido que llegar incluso a la vía judicial para que se viese cumplido su objetivo y, en este sentido, ha calificado de "gravísimo" que "la entonces conselleira de Sanidad (Rocío Mosquera) dijese en el Parlamento de Galicia que no podía hacerse una eutanasia activa —término que usó— sabiendo que esto no era lo que solicitaban los padres y necesitaba la niña".

La Ley de Derechos y Garantías vigente en Galicia, ha manifestado Martín, "se ha vulnerado" completamente y, aparte de ello, ha denunciado que "la falta de recursos de la Administración en el aspecto de los cuidados paliativos y la sedación de pacientes terminales, hace que más de la mitad de los que necesitan estos tratamientos, pues no tengan acceso a ellos".

Otro de los problemas que ha centrado el debate promovido por SOS Sanidade Pública es la cuestión "ideológica", que esta plataforma considera que "ha contaminado todas las decisiones de buena práctica de la asistencia sanitaria del derecho de las personas a que no haya encarnizamiento terapéutico, del derecho de una persona a morir sin un sufrimiento insoportable".

Los médicos, ha recordado Manuel Martín, que es parte de este gremio, "no pueden hacer objeción de conciencia cuando aplican una legislación que está clara y garantiza una atención de calidad a los pacientes".

Y en este caso, ha añadido, la práctica clínica correcta hubiese sido la de "retirar todas las medidas que estaban manteniendo de manera artificial a la niña con vida y proporcionarle una sedación que acabase con el sufrimiento".

Ha aludido por tanto este portavoz a "problemas de intereses cruzados", los cuales pueden explicar parte del porqué del respaldo desde la Administración autonómica a la decisión inicial, de seguir con la alimentación artificial.

Ha subrayado, no obstante, que incluso "la propia Conferencia Episcopal Española", institución que, ha destacado, mantiene "un cuidado muy escrupuloso con el tema de este tipo de cuidados terminales", dijo que "evidentemente los padres no estaban pidiendo una eutanasia activa, sino aliviar el sufrimiento de Andrea quitando los recursos que artificialmente mantenían a la niña con vida".

SOS Sanidade Pública considera que el "sufrimiento" de Andrea y de su familia puede traer algo positivo, y es que la ciudadanía tome conciencia por fin de "cuáles son sus derechos" y de cómo desde la Administración se les vulneran, "no solamente en este caso de un modo tan burdo e inaceptable, sino también porque la falta de recursos para los cuidados paliativos y la muerte digna hacen que este derecho no sea realmente disfrutado", ha observado Martín.

El complejo hospitalario universitario de Santiago (CHUS), en el que está ingresada Andrea, planteó modificar el plan terapéutico al producirse cambios en el estado de la cría.

La gerencia informó en un comunicado de que se dio aviso tanto al juzgado que entiende de este caso como a los padres de la paciente Andrea, Estela Ordóñez y Antonio Lago, de estos "cambios clínicos" que, apostillaron, provocaron alteraciones en el plan terapéutico seguido hasta ese momento, con el visto bueno de la justicia, y llevaron a la modificación practicada, retirar la alimentación que Andrea recibía por gastrostomía, algo que se hizo con la conformidad de sus padres.

El servicio de Pediatría del CHUS envió un comunicado en el que entiende que su actuación se adecuó "en todo momento a lo establecido en la normativa vigente".

Varios médicos opinan que el caso de Andrea "abrirá los ojos" a la...
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