Vecinos del narcopiso en el que murió una mujer en Santiago habían alertado a la Xunta de la situación

 La vivienda llevaba semanas tranquila, tras meses de "trasiego" que hicieron que la comunidad contratara a un guardia de seguridad
Un coche de la Policía Nacional, junto al portal del edificio en el que apareció el cuerpo. H.C.
photo_camera Un coche de la Policía Nacional, junto al portal del edificio en el que apareció el cuerpo. H.C.

Vecinos del piso relacionado con el consumo de drogas ubicado en el barrio compostelano de Fontiñas, donde este miércoles fue localizado el cadáver de una mujer de 36 años, habían avisado al instituto de vivienda de la Xunta de la situación que se registraba desde el pasado verano, con continuo "trasiego" de drogodependientes.

Ante el malestar por desperfectos en el edificio, la comunidad de vecinos de los dos bloques, el 9 y el 11 de la calle Berlín, que da acceso al barrio de Fontiñas, en Santiago, envió un escrito al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), toda vez que el inquilino que tenía alquilado el piso había recibido una ayuda de la Xunta para el alquiler.

En concreto, el inquilino a nombre del que estaba el contrato fue beneficiario del 'bono de alugueiro social' que gestiona el IGVS, pero según fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press "ya no percibe esta prestación en la actualidad". Y es que los vecinos apuntaban al uso que este hombre hacía de la vivienda para reclamar al instituto gallego de vivienda que le retirase dicha ayuda.

"Hay que recordar que todas las solicitudes de dicho bono vienen acompañadas de un informe de los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente, requisito imprescindible para tramitar esta ayuda", apuntan las fuentes del Gobierno gallego consultadas. En declaraciones a Europa Press, un responsable de la Axencia Inmobiliaria Do Río, que presentó el escrito en nombre de la comunidad, señala que el IGVS respondió que "no era de su competencia".

"No tiene competencias ni, por tanto, capacidad para actuar ante supuestos conflictos relacionados con el tráfico de estupefacientes, una cuestión de seguridad ciudadana", según indican las fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas, que agregan que "la vivienda en la que presuntamente se realizaban este tipo de actividades es privada y la Xunta tampoco tiene capacidad para intervenir".

Por su parte, el propietario de la vivienda había denunciado la situación a la policía. Agentes acudieron al lugar este miércoles, pasadas las 20,00 horas, ante una llamada alertando del olor que salía de la vivienda. Fueron movilizadas varias patrullas de Policía Nacional, Local y bomberos, que fueron los que entraron en el inmueble, donde se halló a la mujer fallecida.

"ALGO VISTO". Varios vecinos consultados por Europa Press señalan que hacía varias semanas que no había movimiento ni ruido en este piso, que era un tercero del número 9. Una de ellas afirma que se había mandado ese escrito al IGVS y que "era algo visto" que el conflicto terminaría de esta manera. "Tenían siempre las ventanas cerradas y la vida que hacían era nocturna", indica. Otro hombre, este residente del número 11, indica que la comunidad contrató a un guardia de seguridad, que estuvo en torno a un mes en este edificio. Un joven que vive en el número 9 constata que, por la ausencia de ruido, que afectaba sobre todo los fines de semana, los vecinos pensaban "que se habían marchado". Relata, además, que hubo movimientos para tratar de buscar una solución entre el propietario, comunidad de vecinos y asociación de vecinos de Fontiñas.

LA XUNTA. Según las fuentes de la Xunta, "esta vivienda no figura en ningún registro del IGVS, tal y como se les trasladó por escrito tanto a la comunidad de vecinos como al propietario del 3º A en sendos escritos remitidos el pasado mes de septiembre". "La vivienda en la que ocurrieron los hechos no pertenece a la Xunta sino a un propietario particular que la tenía alquilada, sin que mediara tampoco ningún tipo de intervención del Gobierno gallego a la hora de formalizar ese contrato", añaden.

En todo caso, agregan que "el inquilino a nombre del que estaba el contrato fue beneficiario del Bono de alugueiro social que gestiona el IGVS pero ya no percibe esta prestación en la actualidad". 

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