Veinte detenidos en Cantabria, País Vasco y Galicia en una trama de fraude contra la SS y el SEPE

La Policía Nacional ha desmantelado una trama de fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en una operación que se ha desarrollado en Cantabria, País Vasco y Galicia y que se ha saldado con la detención de veinte personas.

En Cantabria han sido detenidas doce personas - entre ellas los dos presuntos responsables de la trama, A.C.L, de 40 años y JR.M.E, de 43, ambos domiciliados en Castro Urdiales-, en el País Vasco se han producido siete arrestos y en Galicia, uno.

Según informa hoy la Jefatura Superior de Cantabria en una nota de prensa, los dos detenidos en el cántabro municipio de Castro Urdiales supuestamente facilitaban falsos contratos de trabajo a través de empresas ficticias a cambio de dinero para dar de alta en la Seguridad Social y así regularizar la situación de extranjeros, el acceso a prestaciones por desempleo o a beneficios penitenciarios.

Las prestaciones obtenidas de forma indebida han causado un perjuicio a la Seguridad Social de 145.000 euros.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó irregularidades en agosto en dos empresas de Castro, que comprobó que no eran reales y estaban presentado altas basadas en contratos fraudulentos.

A partir de ahí, comenzó la operación, que se ha realizado en dos fases, la primera de ellas en Cantabria, en la que se actuó sobre los principales encartados y trabajadores de las empresas ficticias localizados en la provincia, y en una segunda, sobre los implicados en el País Vasco y Galicia.

La investigación se ha desarrollado de manera conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el SEPE de Cantabria y han colaborado en ella los Grupos Operativos de Extranjeros de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Santander, Bilbao y A Coruña.

La Policía detalla que el entramado funcionaba de forma que los dos presuntos responsables compraban empresas ya constituidas que habían cesado en su actividad, carecían de trabajadores y estaban al corriente con el pago en cuotas a la Seguridad Social.

Después, a través de un sistema telemático de la Tesorería General de la Seguridad Social, gestionaban las contrataciones fraudulentas de trabajadores.

Al percatarse la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la situación y cesar de oficio a esas empresas, una vez dadas de baja, compran otra empresa constituida, sin actividad, sin empleados ni deudas y vuelven a dar de alta a algunos trabajadores que ya figuraban en la empresa anterior "para poder evitar la acción fiscalizadora de la Inspección de Trabajo".

También explica que los supuestos trabajadores son personas que se encuentran en situaciones laborales y económicas "de necesidad", en algunos casos a falta de pequeños periodos de cotización para poder acceder a prestaciones y en otros casos, con derecho a ellas, pero dejaron pasar los plazos para su obtención.

A cambio de pagar mensualmente unos cuatrocientos euros, obtenían un contrato de trabajo fraudulento que les facilitaba la posibilidad de acceder a derechos y prestaciones que de otra manera no podrían obtener.

El grupo investigado también facilitó supuestamente contratos a personas que cumplen condena, a cambio de beneficios penitenciarios.