El Gobierno gallego ha aprobado este jueves el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) para este verano, que prevé la vigilancia intensiva en 35 parroquias de alta actividad incendiaria, el mismo número que el pasado año, aunque entran en la lista cuatro nuevas y salen otras tantas.
Además de esta medida, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado en rueda de prensa que el Ejecutivo autonómico ha dado también el visto bueno al plan de sequía en Galicia costa hasta el año 2027, un instrumento normativo que establece las medidas graduales necesarias de actuación ante episodios de escasez prolongada de agua, que pueden acabar en cortes y prohibiciones de determinados usos.
En la reunión de este jueves la Xunta ha autorizado además la puesta en marcha del fondo de transición justa para las comarcas especialmente afectadas por la transición energética, caso de As Pontes y Cerceda, en A Coruña, que está dotado con 111 millones de euros, aunque el Gobierno gallego aspira a movilizar cuatro veces más.
Esta partida procede de fondos europeos, gestionados por el Gobierno, y las empresas que quieran acceder a ellas tienen que cumplir unas condiciones determinadas y prefijadas.
De este modo, en el caso de las grandes empresas, tienen expresar una manifestación de interés antes del 23 de junio, ya que de lo contrario no podrán acceder a estos fondos, de los que pueden tener hasta un 15 %.
Rueda ha aprovechado este tema para cargar contra el Gobierno y su transición energética "abrupta" y "mal ejecutada", que es la que ha provocado, en su opinión, la situación industrial precaria en estas comarcas.
Sobre el Pladiga, Rueda ha señalado que este año también prevé contar con un dispositivo formado por más de 7.000 efectivos entre Xunta y otras administraciones, apoyado por 30 medios aéreos de titularidad autonómica y estatal y con unas 380 motobombas, de las que trece son nuevas.
Las cuatro nuevas parroquias de alta actividad incendiaria se sitúa en Folgoso do Courel, A Gudiña, Calvos de Randín y A Gudiña; mientras que abandonan esta clasificación otras tantas parroquias situadas en Porto do Son, San Cristovo de Cea, Manzaneda y A Veiga.
Entre prevención y extinción, la partida para este año llega a 180 millones de euros, ha señalado Rueda.
SANIDAD. Otros acuerdos adoptados esta semana en el Consello tienen que ver con sanidad, desde el contrato plurianual 2022-2025 para la gestión de ADOS, la agencia que gestiona la donación de sangre y coordina los trasplantes de órganos, por un valor de 103 millones; hasta "la adquisición de equipos médicos de vanguardia", en alusión a tres PET-TC para tratar el cáncer y enfermedades neurodegenerativas.
Entrarán en funcionamiento en septiembre de 2023 en Ourense, Lugo -ambos de nueva instalación, lo que evitará desplazamientos, si bien habrá que hacer obras para poder instalarlos- y en el Meixoeiro (Vigo), donde sustituirá al actual.
El Consello de la Xunta, además, ha autorizado la compra de 26 TAC, que se suman a los ocho adquiridos en abril, por lo que en este equipamiento se habrán gastado 21 millones de euros.
Otras partidas de gasto autorizadas llegan a casi 10 millones de euros para desarrollar el polo de tecnologías cuánticas y a 4,2 millones de Amtega para continuar con la digitalización de la justicia.
Por último, el Consello de la Xunta ha aceptado el cese a petición propia de Juan Ignacio Lema como director de la Axencia da Industria Forestal, Xera; y ha nombrado para el cargo a Jacobo Aboal Viñas, ingeniero técnico forestal y de Montes y funcionario autonómico.
