La Xunta ha presentado este martes el distintivo específico que ha creado para identificar con facilidad a aquellos vehículos de alquiler con conductor, conocidos como VTC, que operen en Galicia. El objetivo del Gobierno gallego es que esta etiqueta distintiva, consistente en una pegatina rectangular con los colores de Galicia y el mapa de este territorio impreso en el centro, además de las siglas VTC y la matrícula del automóvil en cuestión; esté en funcionamiento en esta misma primavera.
Durante una comparecencia en el Parlamento de Galicia, el director general de Movilidad de la Xunta, Ignacio Maestro, ha instado también al Gobierno central a establecer un marco regulador "claro" que garantice la "competencia leal" entre el sector del taxi y las VTC, además de velar por los derechos de los usuarios.
Maestro ha asegurado que la administración autonómica trabaja "desde hace años a favor de la regulación de este sector" y ha sacado adelante medidas como la ley de transporte de vehículos de turismo en 2013 o el reglamento de 2018. Asimismo, ha precisado que para el desarrollo de estas normas "es necesaria la colaboración activa de los ayuntamientos", ya que son quienes otorgan las licencias municipales a los taxis.
NUEVAS LICENCIAS. A nivel estatal, el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) logró 306 nuevas licencias durante el pasado mes enero, con lo que sumó 13.431 autorizaciones en pleno conflicto entre este sector y el del taxi, según el registro oficial del Ministerio de Fomento. Estos datos arrojan una proporción de un coche de los que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify por alrededor de cada cinco taxis, lejos de la ratio de uno por treinta que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) establece para otorgar licencias a estos dos transportes urbanos.
El número de nuevas licencias de VTC logradas en enero es superior a las 240 dadas en diciembre, pero inferior a las 321 y 422 conseguidas en los meses de octubre y noviembre, respectivamente. No obstante, este continuo aumento de autorizaciones no responde a concesiones administrativas, sino a resoluciones judiciales fruto del vacío legal que el sector registró entre los años 2009 y 2015.
