Según ha explicado el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, estos servicios se irán implantando semana a semana en cada una de las localidades que los solicitaron "para dar una solución a más de 51.000 gallegos".
La iniciativa, ha destacado, busca "una presencialidad física en los ayuntamientos a través de los servicios de asistencia y formación, que deben desarrollarse de forma presencial y con personal de la propia entidad financiera".
Tal y como ha detallado el titular de Facenda, la actuación tiene un "triple objetivo": "la instalación de cajeros automáticos en dependencias municipales; la prestación de un servicio de asistencia financiera que permita, de forma similar al de una oficina bancaria, solucionar presencialmente dudas y contratar servicios financieros; y una oferta de formación financiera y banca electrónica para adquirir nociones básicas y aprender a utilizar los servicios bancarios a través de las nuevas tecnologías".
Corgos ha subrayado también que con esta alternativa los ayuntamientos "no tienen que hacer ninguna aportación económica"; tan sólo deben ceder y acondicionar los espacios necesarios para la instalación de los cajeros y la prestación de los servicios de asesoramiento y formación a los ciudadanos. "Es la Xunta la que corre íntegramente con la financiación de las medidas", ha insistido.
RESPONSABILIDADES "DESATENDIDAS". La nacionalista Noa Presas ha criticado que el Gobierno autonómico "desatienda" sus responsabilidades en materia social y económica, algo que ha achacado en parte al "juego de tronos" en el que se ha visto inmiscuido el PP en los últimos días, en clara referencia a la crisis que vive el partido.
Ha acusado además a la Xunta de favorcer a Abanca y no poner en marcha "regulaciones ambiciosas" que "frenen" el abuso de los bancos respecto de la sociedad.
Respecto al comportamiento del sistema bancario, Presas ha asegurado que "esta forma de proceder no nace ahora" y "tiene su primer gran paso en 2018", aunque reconoce que "con la pandemia han aprovechado para avanzar en un mayor oligopolio bancario" y "reducir su vinculación al tejido productivo del país".
Según datos del Banco de España, ha señalado la nacionalista, Galicia es la tercera comunidad del Estado que más oficinas destruyó, 149.
CRÍTICAS AL GOBIERNO. A este respecto, Corgos ha defendido que la Xunta "lleva mucho tiempo ocupada en mantener los servicios financieros" y que el Gobierno autonómico "fue el primero en actuar, dada la inacción del Ejecutivo central y la falta de medidas coordinadas".
Ha aclarado además que Abanca fue la empresa que más pujó para llevarse el convenio y que llega al 97% de los gallegos y a un 95% de los ayuntamientos.
Así, ha destacado que, pese a que la situación lleva poco tiempo en el foco mediático, la Xunta busca alternativas, "dentro de sus posibilidades", desde hace más de un año –una de ellas, el convenio con la Fegamp–, además de continuar instando al Gobierno estatal a "tomar medidas".
Si bien Presas ha reconocido que "una parte fundamental de la culpa" la tiene el Gobierno central y ha criticado la "connivencia" de las Administraciones, ha afeado a la Xunta no "ejercer más presión".
Así, ha asegurado que ahora se llevan a cabo acciones por "evitar una crisis de reputación", vistas las últimas campañas sociales a este respecto –como la del médico jubilado Soy mayor, no idiota–, pero que es necesario ir más allá de "la pomposa escenificación de la Ministra Calviño hace unos días".
