La Xunta prevé dotar Pontevedra de 1.760 viviendas protegidas

Invertirá 43,2 millones para hacerse con suelo en las siete urbes y Vilagarcía de aquí a 2028
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.EP
photo_camera La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. DP

Con una inyección prevista de 43,2 millones de euros para la primera fase, el Consello da Xunta aprobó este lunes la Estratexia Galega de Solo Residencial, cuyo objetivo es movilizar terrenos para la construcción de 20.000 viviendas protegidas y otras 5.000 libres en las siete principales urbes y Vilagarcía y O Salnés en el horizonte de 2028-2029, tirando de la colaboración público-privada. En un escenario en el que la falta de stock disponible ha contribuido a inflamar los precios sobre todo en el mercado del arrendamiento, el presidente, Alfonso Rueda, señaló que su equipo pone las luces largas y "planifica máis alá da lexislatura", para la que mantiene, a mayores, el compromiso de duplicar el parque público existente para llegar a los 8.000 alojamientos disponibles en 2028.

En el caso del concello de Pontevedra, donde el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda —que la Xunta utiliza como guía— contaba a 4 de junio con 970 inscritos, la Xunta ve pertinente desarrollar 1.760 pisos protegidos en el área urbana más otros 440 libres, que serán vendidos o alquilados por sus promotores a precio de mercado. Para ello, las previsiones pasan por que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) expropie 338.800 metros cuadrados de superficie bruta para edificar, un total de 3,32 millones de metros cuadrados a nivel autonómico.

La compra de ese suelo implicará el desembolso de 4,4 millones en Pontevedra, un monto que se elevará a 43,2 millones para hacer lo propio en las siete urbes y en Vilagarcía, según explicó Rueda, que indicó que esta primera fase se desarrollará entre 2025 y 2028.

Estrategia de la Xunta para aumentar el parque de vivienda.EP

La segunda parte del plan es la licitación y ejecución de los trabajos, lo que exigirá "a colaboración doutras administracións, dos construtores e das cooperativas que se constitúan para executar estas obras", según Rueda.

De desgranar la estrategia se encargó la conselleira María Martínez Allegue, que detalló que el IGVS construirá los pisos de promoción pública, en tanto que el sector privado levantará inmuebles protegidos de promoción autonómica.

Del total de inmuebles proyectados, el Ejecutivo autonómico apunta que 3.452 ya están planificados en las áreas de A Coruña, Vigo y Ferrol y Lugo, con 370.

En la primera fase, el IGVS planificará los suelos que serán objeto de desarrollo en las zonas urbanas, en base a criterios como el número de demandantes de vivienda protegida y teniendo en cuenta la idoneidad de las zonas de actuación respecto de su situación en la ciudad y las prescripciones del plan general de urbanismo para cada sector. Las promociones para menores de 35 años serán una prioridad, procurando "boas vías de comunicación" con los centros urbanos. Allegue indicó que "o apoio dos concellos é fundamental" y, sobre esta base, recalcó que este mismo martes la consellería contactará con los consistorios para que "aporten fondos" e incluso impulsen alguna promoción.

Los siguientes pasos en la primera fase serán "a redacción e tramitación" por parte del IGVS de los proyectos de interés autonómico (PIA), que contribuirán a agilizar la tramitación y que deberá aprobar el Consello da Xunta, tras lo que se procederá a la compra del suelo.

Los adjudicatarios tendrán tres años para realizar la edificación

La segunda fase arrancará con la tramitación de los proyectos de urbanización, tras lo que tocará licitarlos. Una vez iniciadas estas actuaciones, Martínez Allegue señaló que se convocará "un concurso público de adxudicación de solo", al que podrán concurrir promotores y cooperativas para levantar los pisos de protección autonómica de régimen especial, general o concertado. Podrán comprar el suelo o adjudicarse el derecho de superficie.

El terreno para vivienda libre también se ofertará en concurso público a precio de mercado.

Los adjudicatarios tendrán tres años para realizar la edificación, mientras que el IGVS iniciará en tres años desde el fin de las obras de urbanización la construcción de los pisos de promoción pública en las parcelas reservadas para ello.

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