Los dos socios del bipartito, PSdeG y BNG, presentaron este miércoles el pacto para "el tercer mandato de progreso" en la Diputación Provincial de Lugo, un acuerdo con el que pretenden demostrar que ni socialistas ni nacionalistas "tienen nada que esconder", frente a las "falsas acusaciones de malos perdedores" que hablan de "oscurantismo".
Dicho acuerdo fue presentado este miércoles en rueda de prensa por los portavoces de ambos grupos políticos en la corporación provincial, Álvaro Santos, por parte del PSdeG, y Xosé Ferreiro, en representación del BNG.
Álvaro Santos aclaró que el pacto de gobierno fue suscrito por ambos partidos el pasado 25 de septiembre, el mismo día en el que socialistas y nacionalistas llegaron a un acuerdo para presentar la moción de censura que permitió "recuperar la normalidad democrática" en la Diputación de Lugo y derribar el gobierno de la popular Elena Candia.
En cuanto al acuerdo, Santos afirmó que "este gobierno provincial no tiene nada que esconder", por lo que todos los términos del pacto serán publicados en la propia web de la institución, en un "ejercicio de absoluta transparencia".
Por su parte, Xosé Ferreiro insistió en la misma línea argumental y en que "no hay nada que esconder", porque "no hay nada detrás de las cortinas" y "todo es claro y transparente" en ese acuerdo.
De hecho, reconoció que "es posible que" ambos socios tuviesen que haber presentado antes las condiciones de ese acuerdo, pero también matizó que "las circunstancias" no lo permitieron.
"Circunstancias personales", matizó, porque no hubo entre ambos socios "ninguna cuestión política" que provocase "los avatares" de los últimos meses.
Con respecto al contenido del acuerdo, ambos socios se comprometen "a acometer a lo largo de este mandato una decidida política de delimitación de funciones de la Diputación de Lugo, ajustándolas a su estricto marco competencial".
De ese modo, para "cumplir la voluntad de adelgazamiento de las diputaciones, en un plazo de tres meses se pondrán encima de la mesa, tras un estudio previo, los equipamientos, centros y servicios que deben ser transferidos a la Xunta".
Además, contempla también que "las decisiones políticas, económicas y las inversiones de la Diputación" deben tener como "eje fundamental" la cooperación con los ayuntamientos de la provincia.
Desde el punto de vista organizativo, sólo habrá una Vicepresidencia, en este caso la que ocupa el nacionalista Antonio Veiga, a diferencia de lo sucedido en los dos mandatos anteriores, en los que la socialista Lara Méndez ejerció como vicepresidenta segunda de la institución.
También destaca de ese acuerdo la intención de "reducir las grandes diferencias salariales existentes en la Diputación", "racionalizar los recursos destinados" a subvenciones, contar con un "sistema de contratación transparente" o modificar el Reglamento Orgánico Provincial.
Además, los dos socios proponen "iniciar inmediatamente el diálogo de negociación para transferir los parques comarcales de bomberos actuales a la Administración gallega".
