El Gobierno chino pidió este jueves a España que no aliente a las fuerzas separatistas tibetanas con actos como la petición del juez español Santiago Pedraz de interrogar a ocho altos cargos chinos -incluidos tres ministros- por la represión en el Tíbet en 2008, en la que supuestamente murieron 200 tibetanos.
''Instamos a los países pertinentes a que respeten las leyes internacionales y las normas de las relaciones diplomáticas, y a que no alienten a las fuerzas separatistas'', señaló un portavoz de la cancillería china, Ma Zhaoxu, al ser preguntado en rueda de prensa si su Gobierno permitirá el interrogatorio a los ocho implicados.
''El incidente del 14 de marzo que tuvo lugar en Lhasa el año pasado es un acto criminal grave de violencia. El Gobierno chino tiene derecho a tratarlo de acuerdo con la ley'', agregó Ma.
El portavoz se limitó a repetir esta declaración en sucesivas preguntas sobre si su Gobierno permitirá a los ocho altos cargos viajar a España para ser interrogados, y declinó comentar si esta petición dañará las relaciones bilaterales entre Pekín y Madrid.
Interrogatorio a tres ministros
El martes pasado, el Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, cursó una comisión rogatoria a China con la intención de interrogar como imputados a ocho responsables políticos y militares del actual Ejecutivo chino, entre ellos tres ministros.
El magistrado requiere a estos dirigentes que expresen si desean prestar declaración ante su juzgado o ante un tribunal chino a través de una comisión rogatoria que encabezaría él mismo.
La querella fue interpuesta tres días antes de inaugurarse los Juegos Olímpicos de Pekín, el 5 de agosto de 2008, por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra los dirigentes chinos.
Los querellados son el ministro de Defensa, Liang Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el de Seguridad Pública, Meng Jianzhu; el secretario del Partido Comunista de China en el Tíbet, Zhang Qingli; y el miembro del Politburó del Comité Central y secretario del Comité Regional de Xinjiang, Wang Lequan.
Además, la investigación afecta a Li Dezhu, ministro de la Comisión de Asuntos Étnicos; a Tong Guishan, comandante en Lhasa del Ejército de Liberación Popular; y a Zhang Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu (provincia suroccidental de Sichuan).
