El Constitucional italiano tumba en parte el blindaje de Berlusconi

El Tribunal Constitucional italiano ha invalidado parcialmente la ley del legítimo impedimento, a la que se había acogido el primer ministro, Silvio Berlusconi, en reiteradas ocasiones para no acudir a declarar en los procesos judiciales que tiene pendientes. Con este fallo, el Alto Tribunal elimina algunos de los puntos e interpreta otros del escudo judicial con el que Berlusconi se protegía para aplazar las vistas en las que está imputado por corrupción en acto judicial y fraude fiscal: el 'caso Mills' y el 'caso Mediaset', respectivamente.

Entre los puntos declarados inconstitucionales destaca la obligación por parte del juez de aplazar las audiencias hasta seis meses cuando el mandatario o los ministros alegaban un legítimo impedimento contemplado por la norma. El Tribunal deja así a discreción de los magistrados evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento.

Asimismo, precisa que la legitimidad del impedimento dependerá de si los magistrados pueden verificar la imposibilidad de aplazar el compromiso institucional, siempre y cuando exista un equilibrio entre las exigencias jurisdiccionales, el ejercicio del derecho a la defensa y la tutela de las funciones del Gobierno.

De este modo, el Tribunal abre la puerta a la reanudación de los procesos en los que Berlusconi está imputado por corrupción en acto judicial y fraude fiscal, el 'caso Mills' y el 'caso Mediaset', respectivamente, suspendidos a la espera del fallo del Constitucional. En ambos procesos, Berlusconi se acogió a un "legítimo impedimento" para no acudir a las vistas, lo que llevó a los respectivo tribunales a pedir la intervención del Constitucional, al considerar que la norma violaba dos artículos de la Carta Magna.

A la espera de esta decisión también quedó suspendida la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si se enviaba a juicio al jefe del Ejecutivo italiano por apropiación indebida y fraude fiscal en el llamado 'caso Mediatrade'. Paralelamente, la decisión de si la ley del legítimo impedimento se someterá a referéndum, como ha solicitado el partido opositor Italia de los Valores (IDV), queda en manos de la Oficina Central del Tribunal Superior italiano, después de que el Constitucional considerara legítima la celebración de un plebiscito.

Ésta es la segunda vez desde abril de 2008, cuando se inició esta legislatura, que se pide al Constitucional italiano que se pronuncie sobre una ley que afecta a los juicios en los que se ha visto implicado Berlusconi. En octubre de 2009, el Alto Tribunal invalidó el conocido como 'Laudo Alfano', que otorgaba inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado y que había permitido hasta el momento la suspensión de los procesos contra Berlusconi.

Tras esta invalidación, el Gobierno concibió la ley del legítimo impedimento, aprobada después por el Parlamento, como una ley puente válida durante 18 meses hasta la aprobación de un nuevo 'Laudo Alfano', actualmente en tramitación parlamentaria, que incluyera pequeñas modificaciones que cumplieran con los requisitos exigidos por el Alto Tribunal.