El fiscal del TPI acusa al presidente de Sudán del genocidio de Darfur

Refugiados en Darfur (EFE)
photo_camera Refugiados en Darfur (EFE)

Cumpliendo los pronósticos, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, ha solicitado una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bachir por los crímenes de Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto.

Es el tercer jefe de Estado imputado por el TPI tras el serbio Slobodan Milosevic y el liberanio Charles Taylor, pero es la  primera vez que el Tribunal actúa contra un presidente en activo. Desde Sudán, que no forma parte del TPI,  no se reconoce la imputación.

La fiscalía de la CPI sostiene que Al Bachir "creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawau", las cuales, según Moreno Ocampo, constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, sobre los 4,5 millones de habitantes de Darfur.

La acusación contempla diez cargos: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación.

El fiscal explicó que "el miedo, el hambre y la violación de mujeres y niñas son las armas más eficientes para cometer genocidio", un crimen que "todavía sigue produciéndose" en Darfur.

Puntualizó que aunque el número de muertos en Darfur se estima entre 180.000 y 300.000 personas, "las víctimas de genocidio son 2,5 millones". Según el fiscal, las ''fuerzas y agentes'' controladas por Al Bachir asesinaron a 35.000 civiles en los últimos años, además de ser responsable de la ''muerte lenta'' de refugiados y desplazados por el conflicto.

Decisión en manos de los jueces
El fiscal afirmó que las autoridades judiciales sudanesas "no realizan ninguna investigación sobre estos crímenes", lo cual es una norma para que un caso sea elevado a una Corte internacional. Moreno Ocampo presentó a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur, pero según las normas de funcionamiento de la Corte, basadas en el Estatuto de Roma, la decisión de emitir una orden de arresto está ahora en manos de los jueces.

Los magistrados de la sala preliminar de la CPI analizarán si las pruebas mostradas constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto contra el presidente de Sudán solicitada por la fiscalía. Este procedimiento "suele durar entre dos y tres meses" pero puntualizó que "este caso es complicado" y que los jueces no tienen límite de tiempo para pronunciarse.

La CPI anunció el pasado mayo que había emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior sudanés, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la milicia "Yanyauid", Ali Kushayb

La ONU suspende su misión de paz
Tras conocerse la acusación en La Haya, la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en la región (UNAMID), que cuenta con unos 9.000 efectivos en la zona, ha anunciado la "suspensión indefinida" de sus actividades como prevención ante un posible brote de la violencia.

La UNAMID pidió a sus miembros presentes en Darfur, oeste del país, que no salgan de sus casas y elevó la emergencia hasta el nivel 3, uno por debajo del máximo. Fuentes de la ONU señalaron además que algunos de sus empleados en Jartum ya han sido trasladados a Juba, capital del sur de Sudán, como parte las medidas preventivas.

El gobierno de Sudán ya ha rechazado la acusación y ha mantenido no reconocer las competencias de la CPI. La petición del fiscal fue recibida con entusiasmo por diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre ellas la Federación Internacional de las ligas de Derechos Humanos (FIDH) o Human Rights Watch.

Sudán, la mayor nación del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas, étnicas y socio-económicas, acentuadas por las luchas para apropiarse las riquezas naturales, desde que en 1978 se descubriera petróleo al sur del país.