La pugna entre estamentos judiciales de Ecuador en torno al juicio de seis policías por un alzamiento en 2010 dio un nuevo giro con la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos.
El juez Vigésimo Primero de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, suspendió a Cevallos por incumplir sus funciones al no restituir en su cargo a un magistrado, como había sido ordenado en un auto judicial.
Ese caso no tiene que ver con el juicio a los seis policías, pero supone un nuevo elemento en el enfrentamiento entre Coba y Cevallos, originado por el proceso judicial sobre el alzamiento del 30 de septiembre de 2010.
El jueves, bajo la jefatura de Cevallos, el Consejo de la Judicatura suspendió a los tres jueces que condenaron al coronel Rolando Tapia y a otros cinco policías a penas de entre tres años y dieciocho meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado durante la rebelión.
El Gobierno y la fiscalía les acusaban de impedir que los legisladores entraran a la Asamblea Nacional.
Cevallos suspendió a los jueces por una supuesta irregularidad en el nombramiento de uno de ellos.
El viernes Coba dejó sin efecto esa orden y los tres magistrados volvieron a ocupar sus cargos, según dijo una portavoz del Tribunal Segundo de Garantías Penales, al que pertenecen los jueces destituidos.
Coba procedió también a suspender a Cevallos por no haber restituido al magistrado Vigésimo Segundo de Garantías Penales, Juan Pablo Hernández Cárdenas, quien fue relevado de sus funciones, pero que tras la emisión de un auto judicial tenía que volver a su cargo.
Por su parte, Cevallos declaró a la prensa que su suspensión proviene de "un juez de garantías constitucionales que fue designado por el Gobierno".
Los seis policías son los primeros en ser condenados por el alzamiento que protagonizaron 1.199 agentes y militares el pasado 30 de septiembre, según un cómputo del Gobierno, que ha criticado a los jueces por no declarar culpables a las otras personas encausadas.
Entre otros, han sido declarados inocentes dos de los principales imputados en el proceso, el exdirector del hospital de la Policía César Carrión, y Fidel Araujo, vinculado al partido opositor Sociedad Patriótica, agrupación a la que Correa acusó de estar detrás de la revuelta.
El presidente del Consejo de la Judicatura ecuatoriana es destituido por no restituir a un magistrado
