El Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá la última palabra sobre las medidas migratorias emitidas por el presidente Barack Obama, después de que una corte de apelaciones fallara en contra de unas órdenes ejecutivas que evitarían la deportación de millones de inmigrantes indocumentados.
El Departamento de Justicia estadounidense llevará el caso al Alto Tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans. "El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible (...), dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EE.UU. y que están criando niños estadounidenses", aseguró el portavoz del Departamento, Patrick Rodenbush.
El efecto inmediato de la decisión de la Corte de Apelaciones es la continuidad del bloqueo de las medidas, lo que impide que millones de familias en todo el país puedan solicitar ser excluidos de las listas de deportación de las autoridades migratorias.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró este martes en su rueda de prensa diaria que el Gobierno estadounidense "continúa creyendo firmemente en el poder legal de los argumentos" presentados a favor de las medidas, y manifestó su optimismo sobre un posible fallo del Supremo.
La conocida Acción Diferida (DACA) ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, anunciada por el presidente a finales del año pasado y que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
LAS AUTORIDADES ENFRENTADAS. Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas, que sostienen que las medidas ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.
En el otro lado de la batalla, una coalición de otros 15 estados más el Distrito de Columbia han decidido unirse para defender las acciones, algo que continuarán haciendo ante el Supremo, según advirtió este martes la fiscal general de California, Kamala Harris, uno de los estados con más flujo migratorio del país y que cuenta con un gobernador demócrata.
Walter Dillinger, quien fuera procurador general durante el mandato de Bill Clinton (1993-2001), aseguró que, en términos legales, no hay duda de que "el Congreso tiene la autoridad de legislar en materia migratoria y sobre deportaciones".
La aspirante demócrata a la Presidencia y favorita en los sondeos, Hillary Clinton, también manifestó su rechazo al bloqueo de las acciones ejecutivas. "Está claramente establecido que el presidente tiene la autoridad legal para emitir estas protecciones. Espero que la Corte Suprema no se demore en darle una audiencia justa a esta apelación, para que millones de familias dejen de vivir sin miedo a ser separadas", agregó la precandidata.
