El 'No' irlandés al Tratado de Lisboa coloca ante el vacío a la 'construcción europea', y no precisamente en el mejor momento, con la crisis económica instalándose en los hogares y el descontento de los europeos creciendo.
La primera consecuencia directa del referendum de Irlanda es que basta que un país rechace la ratificación para que el nuevo tratado europeo no pueda entrar en vigor. Ésto obliga a los países de la Unión a buscar 'un plan B' para conseguir la aprobación unánime del texto.
La más probable es negociar con Irlanda la celebración de un nuevo referendum dentro de unos meses, dando tiempo a que el gobierno realice una ''extensa labor pedagógica'' entre la población. Curiosamente, la Unión pretende que este 'trabajo de educación' se realice en el único país que ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre un tratado que está siendo ratificado por los parlamentos nacionales de espaldas a la ciudadanía.
Otra opción es prorrogar el Tratado de Niza, diseñado para una Unión Europea con 12 países menos e intentar poner en marcha el proceso de Lisboa en mejor momento. Sin embargo, eso obligaría a que las reformas internas que la UE persigue desde hace más de un lustro -con el fin de agilizar sus mecanismos de decisión en una Unión de 27 países y aumentar su peso e influencia en el mundo- tendrán que seguir esperando.
''Todavía vive''
Según algunos, todavía es pronto para certificar la muerte del Tratado de Lisboa, heredero de la malograda Constitución europea y que por ahora sigue su misma senda. "No ha muerto. Todavía está vivo", ha afirmado el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso. Pero el jefe del Ejecutivo europeo no ha podido dar ninguna pista sobre cómo ''reanimar'' al agonizante tratado.
Sin embargo, ha urgido a todos los estados miembros que aún no lo han hecho -8 de 27, incluida España- a seguir con el proceso de ratificación. Sin referendums de por medio, claro. Según Barroso es la única manera de obtener "una fotografía completa" de la situación, o quizás una forma de demostrar a Irlanda que no hai que preguntar a la ciudadanía.
El llamamiento -aunque sin dar nombres- se dirige sobre todo a Reino Unido y la República Checa, y en menor medida a Suecia y Dinamarca, todos ellos sujetos a fuertes presiones internas de una población muy euroescéptica. Si estos países optan por suspender la ratificación parlamentaria y optan por una consulta popular, el Tratado de Lisboa habrá muerto y la crisis será demasiado profunda.
La llave parece tenerla de momento tiene Gordon Brown. Sobre el 'premier' británico van a arreciar las presiones para que o convoque un referéndum o suspenda la ratificación, ahora que los vecinos irlandeses han rechazado el tratado.
Peligrosos precedentes
El presidente de turno de la Unión, el primer ministro esloveno Janez Jansa, ha recordado que "no es la primera vez" que un tratado europeo ha de hacer frente al rechazo de la ciudadanía y que la UE siempre ha terminado por encontrar una solución.
El 'no' danés al Tratado de Maastricht en 1992 se esquivó concediendo a Dinamarca una serie de exclusiones que permitieron repetir el referéndum; el 'no' irlandés al Tratado de Niza en 2001 se resolvió ofreciendo a los irlandeses "aclaraciones"; y el 'no' de franceses y holandeses a la Constitución en 2005 se pudo superar rebautizando el Tratado constitucional como Tratado de reforma.
En los dos primeros casos hubo segunda consulta y en el tercero una renegociación limitada. Ahora, cualquiera de esas dos vías resulta complicada, al menos a corto plazo. Se abre, pues, un período de parón inevitable y los gobiernos y el funcionariado europeos se ven forzados a distraer nuevamente su atención de los problemas ciudadanos inmediatos para buscar una salida al atolladero jurídico e institucional.
Toque de atención a la 'Eurocracia'
La cumbre de jefes de estado o gobierno de la semana que viene, que tenía muy arriba en su agenda la cuestión de los precios de los alimentos y los carburantes, tendrá que abordar inevitablemente el fracaso del tratado.
La 'Eurocracia' tendrá que plantearse quizás que, por un lado, las estructuras actuales no reflejan la realidad de la 'Europa de los 27', con mucha menor cohesión social y cultural y mayores desigualdades económicas que hace unos años, cuando se aprobó el Tratado de Niza.
Por otro, que aunque la necesidad de una estructura más moderna y funcional es evidente, queda claro que la ciudadanía no parece compartir o comprender el proceso de construcción europeo que pretenden monopolizar los parlamentos.
Los rechazos de Francia y Holanda en su día, y ahora el de Irlanda evidencian que la ciudadanía de varios países tiene aún mucho que decir sobre una 'Eurocracia' esquizofrénica que pretende combinar la conciliación familiar/laboral con la semana de trabajo de 65 horas.
