La Fiscalía de Palermo pidió el envió a juicio del exministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, durante la segunda vista de la audiencia preliminar del proceso en el que está acusado de secuestro de persona por haber bloqueado durante 19 días el desembarco de los 147 migrantes rescatados por el barco de la ONG española Open Arms en agosto de 2019
Después de escuchar a la fiscalía de Palermo, que pidió el envío a juicio y la defensa de Salvini, quien aseguró que actuó de acuerdo con el Gobierno de Giuseppe Conte y que su política de puertos cerrados evitó muchos naufragios, el juez Lorenzo Janelli fijo la nueva audiencia al próximo 17 de abril, cuando tomará la palabra la defensa y podrá haber una decisión sobre si se debe abrir un juicio.
Durante el proceso, el juez admitió como partes civiles a los municipios de Palermo y Barcelona junto con otras 21 entre representantes de los migrantes, el fundador de la ONG, Oscar Camps, y la jefa de la misión, Anabel Montes, y asociaciones humanitarias.
Salvini aseguró que no tiene "miedo" tras conocer la petición del fiscal y que se siente muy orgulloso de su gestión, que "se caracterizó por los resultados en términos de vidas humanas salvadas y una disminución en el número de desembarcos", dijo al tomar la palabra durante la audiencia preliminar de este proceso que comenzó el pasado 9 de enero.
Durante esta vista, la fiscalía admitió como material para el proceso las declaraciones realizadas por los exministros y expresidente del Gobierno Giuseppe Conte en la audiencia preliminar del otro proceso de Salvini en Catania por un caso parecido con el barco de la Guardia Costera italiana "Gregoretti", al considerar que en estos testimonios "se introdujo el tema de este juicio".
La fiscalía de Palermo también pidió al juez que incluyese en el sumario la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Onu del 29 de enero de 2021 con la que se condenaba a Italia por "no haber actuado con prontitud en relación con un evento de rescate ocurrido fuera de las aguas territoriales italianas".
Según los medios de comunicación, la fiscalía afirmó en su posición que según los documentos "la voluntad del entonces Ministerio del Interior de dar un puerto queda patente".
"Las conclusiones a las que nos llevan, no solo los testimonios recogidos durante la investigación por el Tribunal de Ministros de Palermo, sino durante el juicio en Catania, nos llevan a pensar que no se trata en absoluto de un acto político... sino de un acto administrativo (del Ministerio del Interior)", añadieron.
En agosto de 2019, el entonces ministro del Interior negó durante 21 días el desembarco a cerca de 160 migrantes que habían sido rescatados en el mar por el buque de la ONG española.
Hubo una oferta del Gobierno español para abrir un puerto a estos migrantes tras 17 días de odisea, pero el Open Arms denegó esta oportunidad de poner rumbo a los puertos de Algeciras y Mahón, ante la situación de los migrantes.
Finalmente, en la noche del 20 de agosto la fiscalía forzó el desembarco en Lampedusa de los 83 inmigrantes que quedaban a bordo, poniendo fin a la odisea.
