Francia investigará el patrimonio de Jean-Marie y Marine Le Pen

La Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública considera que sus declaraciones de la renta de 2014 son anormalmente bajas
Marine Le Pen y su padre, Jean-Marie Le Pen
photo_camera Marine Le Pen y su padre, Jean-Marie Le Pen

La Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública de Francia anunció este lunes que investigará el patrimonio del histórico líder del Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, y de su hija y actual presidenta, Marine, al considerar su declaración de 2014 anormalmente baja.

Esa institución entiende que existen serias dudas sobre "la exhaustividad, exactitud y sinceridad de sus declaraciones" de patrimonio como prueba el haber infravalorado "ciertos activos inmobiliarios", indicó en un comunicado.

La Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública ha transmitido su instrucción a la fiscalía, al considerar que los hechos podrían "constituir infracciones penales" en las conductas de ambos eurodiputados de extrema derecha.

Tras conocerse la investigación en curso, Marine Le Pen anunció en la cadena LCI que recurriría la decisión al Consejo de Estado ya que considera que no tiene "absolutamente ningún fundamento".

En declaraciones a la cadena BFM TV, Jean-Marie Le Pen, de 87 años, denunció que la investigación es parte de la estrategia de "acoso social y psicológico" al que se somete al Frente Nacional, en línea con las declaraciones a ese mismo canal del vicepresidente del FN, Florian Philippot.

Según la cadena iTélé, ambos habrían rebajado intencionadamente en dos tercios el valor de varias propiedades comunes en Saint-Cloud y Rueil-Malmaison, a las afueras de París.

En lo que respecta a la presidenta del FN, supondría una rebaja de "varios cientos de miles de euros", según esa cadena de televisión.

Su padre habría aligerado su patrimonio en un millón de euros y además habría evitado declarar que posee una cuenta en Suiza y lingotes de oro.

La falsa declaración de patrimonio a esa instancia puede castigarse con hasta 45.000 euros de multa, 3 años de prisión y 10 sin ocupar cargos públicos. 

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