Los violentos enfrentamientos producidos entre la policía y los nativos de la selva peruana pusieron en evidencia la polarización de visiones entre el Estado y las comunidades indígenas sobre el desarrollo de la Amazonía y el derecho de las minorías.
En el operativo para despejar un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, que conecta varias ciudades de la Amazonía y la costa norte peruana, murieron al menos 29 personas (nueve de ellos policías) y cerca de cien quedaron heridas, aunque esta cifra podría aumentar.
Los nativos protestan desde el 9 de abril contra una decena de decretos legislativos porque consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.
Contaminación y deforestación
Las comunidades de la Amazonía peruana, que viven en zonas muy remotas, han denunciado en diversas oportunidades la situación de pobreza y abandono, así como la contaminación de sus aguas y el impacto en su salud, además de la deforestación de sus tierras como consecuencia de la explotación de los recursos en sus territorios.
Dos analistas peruanos, Eduardo Toche y Nelson Manrique coincidieron en que el gobierno de Alan García se ha puesto al margen de la ley porque al aprobar decretos para implementar su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha violado tratados internacionales que tienen rango constitucional.
Manrique dijo que ''el país no puede pasar por encima de los derechos de los indígenas'' para favorecer a grandes corporaciones que pretenden explotar la Amazonía, que ocupa el 62 por ciento del territorio peruano.
Exigencias de los índigenas
Por su lado, Eduardo Toche recalcó que las comunidades indígenas exigen ''la profundización del Estado de derecho'', tras mencionar el cansancio de los indígenas que se han sentado a dialogar con el Gobierno ''con resultados muy decepcionantes''.
Las protestas en la Amazonía coinciden con el interés del Gobierno de Alan García por incrementar sus reservas de gas y petróleo, presentes sobre todo en la selva, para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en país proveedor.
Un mapa de la estatal Perupetro, encargada de adjudicar las licitaciones petroleras, muestra que en 2004 el 15% de la Amazonía estaba concesionada para exploración o explotación de hidrocarburos, porcentaje que había subido al 68% en 2006 y que este año podría llegar al 76%.
Por ello García acusa a los indígenas de querer que ''Perú se quede de rodillas (y) se vea frustrado en su camino al desarrollo''.
La postura estatal
Al referirse a los indígenas, el jefe de Estado aseveró que 400.000 nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos ''tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera; eso es un error gravísimo, y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo''.
Los reclamos de los indígenas datan de hace varios años, pero ellos recién lograron presencia en el escenario político peruano cuando en agosto del año pasado consiguieron que el Congreso derogara dos de las leyes, muchas de ellas todavía centro de sus reclamos actuales.
El sociólogo Eduardo Toche lamentó la indiferencia de sus compatriotas frente a las minorías indígenas y el tema medioambiental.
El presidente de la mayor organización indígena, Alberto Pizango, dijo públicamente: ''Nos están tratando como si no fuéramos peruanos, nos duele en el alma, queremos decirle al mundo: nuestros hermanos dan su vida por defender el pulmón del mundo'', dijo.
