A Axencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) destruyó cintas de vídeo que contenían grabaciones de los interrogatorios practicados en el año 2002 a dos sospechosos de pertenecer a la banda terrorista Al Qaeda. El director de la Agencia, Michael Hayden, lo reconoció hoy en una carta interna dirigida a sus empleados antes de que la prensa estadounidense destapara el suceso.
"Si las imágenes hubieran trascendido a la opinión pública permitirían la identificación de nuestros compañeros en la CIA que trabajaron con el programa (de Bush), exponiéndolos a ellos y a sus familias a represalias de Al Qaeda y sus simpatizantes", se justificó Hayden. Las acusaciones de que las cintas contenían pruebas de métodos violentos para sacar información a los sospechosos de terrorismo son rechazadas por la agencia estadounidense. Afirman que las sesiones se grabaron precisamente para garantizar que las técnicas empleadas se ajustaban a la legalidad establecida.
Pero no queda claro si esa legalidad a la que se refiere Hayden es la que estableció el presidente de los EEUU, George W. Bush, poco después de los atentados del 11-S (y que también llevó a la creación del centro de detención de Guantánamo) o bien a la Ley de Comisiones Militares de 2006. Bush autorizó métodos de interrogatorio más severos a los sospechosos, entre los que se incluía la privación de sueño o la simulación de ahogamiento (waterboarding) considerada internacionalmente un método de tortura y criticada por los movimientos en defensa de los derechos humanos.
Un "test interno" sobre los interrogatorios
El comité de supervisión de la CIA, asegura Hayden, visionó las imágenes en el año 2003 y concluyó que los interrogatorios eran legales. Además, los vídeos fueron destruidos en el año 2005 tras la autorización del Comité de Inteligencia del Congreso de los EEUU, un año antes de la aprobación de la Ley de Interrogatorios de Bush. La decisión de grabarlos partió de la propia CIA para poder realizar un "test interno" sobre la formas de obtener declaraciones de los detenidos por terrorismo.
Este breve "test" sólo incluyó las grabaciones de los dos primeros detenidos en el año 2002 cómo sospechosos de pertenecer la Al Qaeda. Uno de ellos, Abu Zubaydah, fue el que puso a las autoridades estadounidenses sobre la pista de Ramzi Binalshibh, supuesto cómplice de los atentados del 11-S. La información dada por Zubaydah, junto con la de Binalshibh una vez capturado, permitió apresar en el año 2003 a Jalid Seij Mohamed, uno de los cerebros confesos de los atentados.
El director de la CIA argumentó también que los vídeos eran una fuente de documentación para las pesquisas, aunque no fueron entregadas a la comisión de investigación del 11-S, a pesar de que les fue requerida toda prueba documental extraída de los interrogatorios. Los informes de la CIA eran suficientemente "completos y exactos", dijo Hayden, como para no precisar la conservación de las cintas.
Libertad para los presos de Guantánamo
En relación a los métodos empleados por EEUU en la lucha antiterrorista, el relator especial de la ONU para los derechos humanos, Martin Scheinin, considera que las técnicas de coerción física y psicológica aprobadas con la Ley de Comisiones Militares suponen un "incumplimiento de la prohibición contra la tortura y cualquier trato cruel, degradante e inhumano". Scheinin asegura que la CIA "estuvo implicada y lo sigue estando en el uso de técnicas que violan la ley internacional".
El ponente de la ONU visitó EEUU el pasado mes de mayo para evaluar la forma en la que el Gobierno de Bush está aplicando la Ley Humanitaria Internacional en su lucha contra el terrorismo. Las conclusiones de su informe, que será presentado la semana que viene en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluyen una solicitud para que los detenidos en la base militar de Guantánamo sean liberados o juzgados con garantías.
El respeto a la legislación internacional en materia de derechos humanos debe mantenerse también durante "un conflicto armado" y la lucha antiterrorista "no es una guerra en el sentido estricto del término", afirma Scheinin. Todas las personas bajo la jurisdicción de un país, "incluso cuando sea fuera de su territorio", explicó en alusión a Guantánamo, deben estar amparadas por esta normativa.
Para el ponente de la ONU los detenidos en la base militar situada en Cuba no pueden defenderse, dado que ni siquiera cuentan con el derecho al hábeas corpus, excluido por la Ley de Comisiones Militares, en la que se denominada a los detenidos combatientes enemigos ilegales, un término "de conveniencia sin ningún efecto legal", para Scheinin.
Ante esta situación el ponente pide que los presos sean liberados o juzgados, pero no por las comisiones militares creadas a partir del año 2006, ya que estas fueron instauradas después de que los detenidos cometieran sus supuestos crímenes y duda de su imparcialidad.
