Nuevas sospechas de malversación en el Frente Nacional de Marine Le Pen

La Fiscalía investiga a la líder de la ultraderecha francesa por, supuestamente, financiar su campaña de 2012 con dinero de un organismo público
Marine Le Pen
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La Justicia francesa ha iniciado otra investigación preliminar de Marine Le Pen, candidata del ultraderechista Frente Nacional (FN) a las elecciones de abril, por supuestamente financiar su campaña presidencial de 2012 con dinero de un organismo público.

Según avanzó este martes el semanario satírico Le Canard Enchaîne, Le Pen y su actual jefe de campaña, David Rachline, figuran entre los investigados por haber utilizado "los medios humanos y materiales" de un organismo público para preparar la campaña presidencial de ese año.

La Fiscalía de Lille (norte de Francia) investiga si existió un esquema fraudulento en el grupo que el FN tenía entre 2010 y 2015 en el Consejo regional Nord-Pas-de-Calais, en el norte de Francia. Se trata de una nueva sospecha de malversación de fondos en el partido ultraderechista, que se une a otras investigaciones paralelas que intentan dilucidar si hay en el FN un sistema para remunerar a sus altos cargos o empleados destacados en Francia con fondos públicos de la Unión Europea (UE).

En esas pesquisas se analiza si se pagó con fondos de la UE al guardaespaldas de Le Pen, su secretaria personal y uno de sus asistentes, quienes, supuestamente, no trabajaron en la Eurocámara como debía hacer y sí para el Frente Nacional.

La investigación de la Fiscalía de Lille se difunde a menos de tres semanas de las elecciones francesas, en las que la líder de la ultraderecha está empatada con el socioliberal Emmanuel Macron y conseguiría pasar el 23 de abril a la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de mayo, según los sondeos.

La candidata ha reprobado la instrumentalización de la justicia en esta campaña y se ha negado a comparecer antes los investigadores amparada en su inmunidad parlamentaria de la Eurocámara.

Además de los supuestos empleos ficticios, Le Pen está acusada por la Fiscalía de Nanterre de "difusión de imágenes violentas", después de que compartiera en 2015 en la red social Twitter imágenes de víctimas de ejecuciones como la del periodista estadounidense James Foley.