Al menos diez personas han muerto y varias resultaron heridas en el transcurso de los enfrentamientos entre seguidores del Gobierno y la oposición en Pakistán, que celebra este lunes elecciones legislativas. Pese al transfondo de violencia que marca los comicios, ésta parece haber dado una pequeña tregua, a la espera de los resultados oficiales de las votaciones.
Los tiroteos entre simpatizantes de las distintas fuerzas políticas se han producido en varios puntos del país, según declaró un oficial de policía al canal televisivo Dawn Tv.
El primer incidente de la jornada se registró a las puertas de un colegio electoral, cuando partidarios de la gubernamental Liga Musulmana de Pakistán-Q y seguidores del Partido Popular de Pakistán, al que pertenecía la dirigente fallecida Benazir Bhutto, se enfrentaron.
Jornada 'tranquila'
Pese a los enfrentamientos anteriores, las primeras horas de votación transcurren sin incidentes graves y marcadas por la baja participación.
El jefe de la Comisión Electoral, Qazi Farooq, ha apuntado que la visita de los paquistaníes a los colegios electorales se está haciendo de forma “tranquila y ordenada”, aunque una serie de incidentes violentos en las últimas horas ha obligado al cierre de algunos centros. Unos 81 millones de electores están llamados a votar para renovar las Asambleas nacional y provinciales del país. En los últimos comicios, celebrados en 2002, la participación media nacional fue del 42%.
En esta ocasión, Pakistán acude a las urnas para unas elecciones cruciales cuya limpieza ha sido cuestionada por la oposición, que amenaza con protestas si el régimen de Pervez Musharraf efectúa un fraude. Y las promesas de transparencia del presidente no contribuyen a calmar los temores.
Una misión de observadores europeos, encabezada por el alemán Michael Gahler, vigilará el proceso con un centenar de expertos desplazados en distintos colegios electorales de todo el país, excepto aquellos de especial peligrosidad -un 14 por ciento- en los que el Ejército ha desplegado a sus efectivos.
Gahler admitió que hay lagunas en el proceso electoral, en particular en el traslado y consolidación de las actas con el escrutinio, que pueden despertar la suspicacia de la oposición.
Las actas de escrutinio no serán públicas
El escrutinio de votos en los 64.000 colegios electorales será presenciado por interventores de los partidos y recogido en un acta que se hará pública y que el presidente del colegio llevará personalmente al juez electoral encargado de cada circunscripción.
Este juez será el responsable de consolidar los resultados de los 200 colegios que, como media, tiene cada circunscripción y de enviarlos a la Comisión Electoral, pero este acta no será hecha pública.
Gahler explicó que, para "prevenir dudas, alegaciones y sospechas", sería preciso que ese documento fuera publicado, pues los candidatos disconformes podrán alegar tanto que las actas han sido "interceptadas" y "alteradas" en su transporte hasta el juez como "manipuladas" en el momento de su consolidación por parte de los encargados de la circunscripción.
Millones de personas no están censadas
Otra irregularidad ya detectada por expertos en procesos electorales tiene que ver con la actualización del censo desde los comicios anteriores, celebrados en 2002.
Según un observador que pidió el anonimato, se calcula que faltan entre 15 y 20 millones de personas en el censo, en el que están registrados 81,03 millones de votantes, en un país con una población de unos 165 millones.
"Además, dentro del padrón electoral existen repeticiones de nombres y números de identidad", dijo la fuente, que añadió que mañana los observadores tendrán que analizar cuántas personas acuden a votar y no pueden hacerlo.
Denuncia de Human Rights Watch
Los temores de fraude expresados por los dos principales grupos de la oposición -el Partido Popular que lidera Asif Zardari, viudo de la asesinada Benazir Bhutto, y la Liga Musulmana-N de Nawaz Sharif- se vieron potenciados esta semana por una denuncia de la organización Human Rights Watch (HRW)
HRW difundió una grabación en la que una voz atribuida al fiscal general paquistaní, Malik Qayyum, afirmaba que el régimen preparaba un "fraude masivo" para que gane los comicios la oficial Liga Musulmana-Q (PML-Q).
El fiscal anunció en rueda de prensa que, si HRW no se disculpa públicamente en un mes, demandará a la organización en Pakistán y pedirá 300 millones de rupias (3,3 milllones de euros) de indemnización y tres años de cárcel para los demandados.
